ETA.-Giménez (TS): la Judicatura debe seguir actuando y el Gobierno puede conceder indultos individualizados a presos

BILBAO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez consideró hoy que no puede haber "reciprocidad" por parte del sistema judicial al alto del fuego decretado por ETA, sino que el Poder Judicial "debe seguir actuando con normalidad". No obstante, manifestó que el Gobierno sí puede recurrir al indulto de los condenados "de forma individualizada, es decir, 'caso por caso'".

En el artículo titulado "Los jueces y el fin del terrorismo", incluido en la última revista de Gesto por la Paz y recogido por Europa Press, tras preguntarse "cómo no va a ser sensible todo juez a la inactividad terrorista anunciada por ETA", apuntó que "no puede concluirse que, en reciprocidad, el sistema judicial deje de investigar y juzgar, o los policías dejen de detener a los terroristas".

"No se está ante el fin de una guerra ni en el armisticio como preludio a una paz entre contendientes, con intercambio de prisioneros y perdones mutuos. Se está en presencia del cese de la actividad terrorista iniciada contra el Estado y la sociedad", añadió.

A su juicio, el Poder Judicial "debe seguir actuando con toda normalidad, practicando su propio discurso que, recuérdese, es un discurso propio y no vicario de otros poderes ni, en concreto, del Ejecutivo".

No obstante, precisó que, "declarado el derecho, concluidas las causas penales, celebrado el juicio y dictada la sentencia que corresponda si es condenatoria, existe en todos los sistemas democráticos en la fase de ejecución de la sentencia, un espacio propio en el que la voz del Ejecutivo puede tener un margen de actuación", como es "la institución del indulto".

"El juez no es libre de aplicar o no la Ley. El Gobierno sí puede acordar el no cumplimiento de toda o parte de la pena impuesta, atendiendo a otros criterios distintos de la mera legalidad, bien que deba hacerlo de manera reglada, es decir, de acuerdo con las previsiones de la Ley de Indulto de 18 de junio de 1870 tras haber escuchado la opinión del tribunal sentenciador y de forma individualizada, es decir, 'caso por caso'", agregó.

El magistrado apuntó que "no cabe duda de que, verificada la seriedad en el abandono de la actividad terrorista y de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Indulto, podrían existir, a juicio del Gobierno, razones de 'Justicia, equidad y utilidad' para, individualizadamente, poder indultar de la pena impuesta total o parcialmente a concretas personas condenadas por su actividad terrorista".

ACERCAMIENTO

"También en fase penitenciaria es posible la adopción de medidas contempladas en la propia legislación: acercamiento de presos y avance en la clasificación penitenciaria de éstos, que, en la situación que se comenta, de cese definitivo de la violencia terrorista, puedan operar a favor de los condenados", afirmó.

En su opinión, a ello ayudaría "si existiera algún gesto de reparación moral a las víctimas por el mal causado, aunque en relación a esto hay que ser realista y no exigir algo que sólo puede surgir de la intimidad de la persona concernida, sin que pueda ser impuesto".

En este sentido, aseveró que "ninguna de las medidas citadas supone el pago de un precio político', frase lanzada con tanta reiteración como irreflexión". "Precio político sería que el Estado y sus instituciones dejaran de cumplir con sus funciones. Esto ni ha ocurrido ni ocurre ahora ni va a ocurrir en el futuro", manifestó.

Tras señalar que "es esperanzador" el momento actual, dijo que "no pueden obviarse las dificultades que todo el proceso puede tener", y señaló que "la desaparición de ETA, no sólo no va a suponer el debilitamiento del Estado de Derecho", sino que supondrá su "fortalecimiento, sin, por ello, caer en la dinámica maniquea de vencedores y vencidos". "La desaparición del terror pasa necesariamente por la integración en la sociedad también de sus antiguos verdugos", concluyó.