Alrededor de la mitad han empezado a proteger a empresarios vascos y navarros y un destacado número se han incorporado en Madrid MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las alrededor de 30 empresas de seguridad autorizadas para prestar servicios de escolta en toda España han destinado más de 150 nuevos profesionales a tareas de protección personal desde que ETA rompiese su alto el fuego el pasado 30 de diciembre con un atentado que costó la vida a dos personas en el aeropuerto de Madrid-Barajas, informaron a Europa Press fuentes del sector.
Las fuentes consultadas calculan que alrededor de la mitad de estos profesionales de seguridad se han incorporado a sus nuevos puestos de trabajo en País Vasco y Navarra, aunque la Comunidad de Madrid ha registrado un importante número de peticiones. Las nuevas incorporaciones han afectado al total de la treintena de empresas de seguridad autorizadas.
Los empresarios figuran en el primer lugar de sectores que han realizado peticiones de protección personal en las tres comunidades autónomas citadas desde el 30 de diciembre. Estas más de 150 nuevas incorporaciones no suponen un número igual de protegidos, ya que hay casos en los que las personas que contaban anteriormente con protección personal la han ampliado en número, como ha ocurrido en el caso de directivos de empresas destacadas en grandes sectores como, por ejemplo, el de las telecomunicaciones.
5.000 PERSONAS CON ESCOLTA.
De las más de 5.000 personas que tenían asignada escolta en España antes y durante la tregua, un total de 1.200 viven en Euskadi, y la mayoría son concejales del PP y el PSOE. Este elevado número de amenazados provocó que a los policías, guardias civiles y ertzainas que prestan labores de escolta se tuvieran que sumar otros profesionales de la empresa privada.
En el País Vasco trabajaban antes del 30 de diciembre unos 1.800 escoltas privados y alrededor de otros 750 lo hacían en Navarra. Cada protegido lleva, al menos, dos escoltas. La protección de los amenazados en estas comunidades autónomas, ya corra a cargo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, la Ertzaintza o empresas privadas está financiada a partes iguales por los Gobiernos central y vasco, aunque algunas de las últimas peticiones, identificadas con las de grandes empresarios, han corrido a título individual y la Administración no ha participado.
La Consejería de Interior del Gobierno vasco se puso en contacto tras el atentado de Madrid con miembros del PSE y la Judicatura que habían decidido prescindir del servicio de escolta durante la tregua de ETA para que regresaran a su anterior situación de protegidos durante las 24 horas.
