BILBAO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Fundación para las Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, advirtió esta mañana al Gobierno vasco y al PNV sobre "la tentación de sacar réditos políticos" del proceso de paz, en su intervención dentro de los Encuentros de Verano de la Universidad del País Vasco en Gernika (Vizcaya).
Pagazaurtundua, ponente del curso 'Derechos Humanos y Proceso de Paz en Euskadi', señaló que es "injusto" afirmar que las víctimas de ETA no deben tener voz en el proceso abierto tras el alto el fuego. "Las víctimas del terrorismo tienen un sentido político debido precisamente a la práctica de guerra política por la que fueron eliminadas", explicó.
En su intervención, se mostró muy crítica con la actitud del Gobierno vasco y, especialmente, con la del PNV, al que reclamó que "anteponga el respeto a la dignidad de las víctimas a su ideario y demore su ideología hasta que el fin definitivo de la violencia terrorista permita abordarlo con libertad para todos". A renglón seguido, Pagazaurtundua acusó al PNV de tener la tentación de querer sacar un "plus" de todo el proceso abierto tras el alto el fuego.
También censuró el trato dispensado a las víctimas por la formación jeltzale, por lo que pidió que haga "autocrítica y deje de darles la espalda". Extendió esta demanda al conjunto de la sociedad vasca, a una parte de la cual reprochó haber estado "despistada durante mucho tiempo en el trato que se ha dado a las víctimas".
Por otro lado, Pagazaurtundua mostró sus dudas sobre la veracidad de las intenciones declaradas por ETA y Batasuna, a quienes exigió que "expresen con claridad que dejan de condicionar y tutelar la vida política de este país". En este sentido, precisó que Batasuna "tiene que jugar en el mismo campo que el resto de los partidos, organizaciones y personas, es decir, dentro de la ley".
Sobre el supuesto diálogo entre ETA y el Gobierno español, señaló que "la banda terrorista sólo puede hablar con el Ejecutivo sobre cómo van a abandonar las armas y cómo va a abordarse todo lo relacionado con la reinserción de presos". Además, señaló que la actual coyuntura política ofrece una oportunidad inmejorable para poner a cero el contador y mirar al futuro con otras actitudes.
URQUIJO Y RUIZ GIMENEZ
Además de Pagazaurtundua, también tomaron parte en los Encuentros de Verano de la Universidad del País Vasco en Gernika el asesor adjunto a la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, Txema Urquijo, y la miembro del Comité Ejecutivo Federal de la Sección Española de Amnistía Internacional, Iciar Ruiz Jiménez. Los tres ponentes tomaron la palabra bajo el epígrafe común 'Libertad Personal y Derecho a la Integridad en el Proceso de Paz'.
Txema Urquijo abogó por el reconocimiento social e institucional de las víctimas y afirmó que "las víctimas tienen que tener presencia política". Añadió que la sociedad vasca y las instituciones "hemos llegado tarde a la aproximación de las víctimas del terrorismo, a su reconocimiento y reparación, aunque más vale tarde que nunca".
Reconoció que "sólo en los últimos seis ó siete años" se les ha prestado el apoyo que se "les debe", por lo que, aseguró, hay pendiente "una deuda moral histórica con ellas". "Sólo desde el reconocimiento de esta deuda moral, desde este perdón por la tardanza, es posible la regeneración moral de la sociedad vasca", concluyó.
POr su parte, Iciar Jiménez, abogó por poner los derechos humanos en el centro de la agenda del proceso de paz y precisó que tales derechos "no pueden ser moneda de cambio" en dicho proceso y apostó por aclarar la verdad "sobre los abusos cometidos por ETA, pero también por los aparatos del Estado español en casos como el GAL, Batallón Vasco Español, así como algunos sumarios que no han podido aclararse en los tribunales".
"No se debe conceder -señaló- ningún tipo de amnistía para las violaciones de derechos humanos ya sean por parte de ETA o por parte de los aparatos del Estado. Además, las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a una adecuada reparación y rehabilitación".
En su opinión, el proceso de paz tiene que servir para actualizar la legislación española en algunas materias "algo sombrías", como el régimen de incomunicación, "que debe ser derogado", porque propicia la tortura y los malos tratos. También pidió la modificación de la política penitenciaria de dispersión de presos y la Ley de Partidos, que "contiene algunas ambigüedades y zonas oscuras, especialmente el artículo 9, el cual da pie a la ilegalización de partidos que proponen un cambio del marco constitucional vigente".