Dice que, si existiesen, las FSE tendrían que demostrarlo, y deberían "tenerse en cuenta" de cara a la verificación del alto el fuego
BILBAO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PNV, Iñigo Urkullu, afirmó hoy que cree a la patronal vasca, Confebask, cuando asegura que los empresarios vascos no han recibido cartas de extorsión por parte de ETA y aseguró que su partido "no admitiría, bajo ningún concepto", la existencia de "ninguna" misiva en la que se solicitara el impuesto revolucionario.
En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Urkullu manifestó que, si realmente hubiera cartas de extorsión, las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) tendrían que demostrarlo y sería objeto de análisis por parte de las formaciones políticas. Además, apuntó que, de ser así, se tendría "que tener en cuenta de cara a la verificación del alto el fuego que el presidente del Gobierno español tiene que hacer en el Congreso".
No obstante, precisó que se "aferra" a las palabras del presidente de Confebask, Miguel Lazpiur, en las que dijo que "no le consta una existencia en Euskadi de cartas que piden el impuesto revolucionario".
De esta forma, señaló que prefiere quedarse con las declaraciones de Lazpiur que con las del presidente de la patronal navarra, José Manuel Ayesa --que asegura que existen estas cartas-- y mostró su "esperanza e ilusión" en la situación creada tras el alto el fuego. "Desde luego, no admitiría bajo ningún concepto, como PNV, que existiese ninguna carta", insistió.
AUSENCIA DE VIOLENCIA
Además, recordó que la formación abertzale ha marcado "claramente la línea de lo que es necesario", como es la ausencia de expresiones de violencia", y rechazó "los atentados" que pretenderían las misivas de extorsión.
"Un anuncio de alto el fuego hoy tiene que tener carácter universal. Toda la sociedad tiene que estar bajo el efecto de un anuncio de alto el fuego y, además, ese anuncio de alto el fuego tiene que ser irreversible e incondicional", apuntó.
Por último, concluyó que "ETA tiene la primera responsabilidad para que este proceso avance y, quienes hayan podido justificar en el pasado este tipo de actuaciones, tienen también ante sí la responsabilidad de hacer que la sociedad vasca crea que estamos ante un proceso irreversible".
