ETA.- PP denunciará la "presión política" del Gobierno a los jueces en el primer Pleno de control del Congreso del 2007

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular quiere aprovechar la primera sesión de control del Congreso de este año para "reconocer" la independencia de los jueces y magistrados, por considerar que desde el comienzo de la legislatura el Gobierno ha sometido al Poder Judicial "a una permanente presión política". Además, pedirá cuentas al Gobierno por su "injustificable silencio" ante la manifestación convocada por el Gobierno vasco para rechazar la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe.

Con este propósito, el portavoz parlamentario del PP en la Cámara Baja, Eduardo Zaplana, preguntará el miércoles a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, "cómo valora que una institución pública del Estado español organice manifestaciones contra los jueces".

Esta concentración de apoyo al lehendakari ha sido muy criticada desde el PP y, de hecho, ayer mismo su portavoz en la Comisión de Interior, Alejandro Ballestero, llegó a asegurar que si "el PNV se hubiese dedicado a gritar contra ETA con tanta fuerza como ha gritado contra los jueces, hoy probablemente ETA no existiría".

Los 'populares' volverán a la carga con este asunto en su interpelación, donde denunciarán el "injustificable silencio" del Ejecutivo ante una iniciativa "tan grave como la manifestación promovida por el Gobierno vasco contra los jueces, condenada sin paliativos por el Consejo General del Poder Judicial".

"PRESION POLITICA" A LOS JUECES.

Según el PP, el respeto a la independencia judicial y a la separación de poderes son pilares fundamentales del Estado de Derecho pero, desde el comienzo de la legislatura, añade, el Gobierno ha sometido al Poder Judicial "a una permanente presión política, llegando incluso a descalificar actuaciones y decisiones judiciales y a justificar las realizadas por otros dirigentes".

"Tenebrosos, inmovilistas o muertos vivientes han sido calificativos vertidos por miembros del Gobierno contra jueces y magistrados", denuncia el principal partido de la oposición en su interpelación.

A su juicio, se hace necesario "reconocer que la independencia de los jueces y magistrados es una salvaguarda esencial del Estado de Derecho, condenando las coacciones a jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales".

Por todo ello, el Grupo Popular emplazará al Ejecutivo a que aclare ante el Pleno de la Cámara Baja cuáles son sus propósitos "para garantizar la independencia y el respeto a las instituciones democráticas".

UN MINISTRO CANDIDATO.

La interpelación, que dará lugar a una moción que el PP someterá a votación el próximo 20 de febrero en el Pleno del Congreso, será contestada previsiblemente por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, cuya continuidad en el Gobierno pese a ser candidato a las elecciones autonómicas de Canarias también ha sido muy criticada por el PP y por Coalición Canaria, que aseguran ver su sombra detrás de las detenciones de cargos municipales de estos partidos en el archipiélago.

La del miércoles podría ser, por tanto, la última interpelación que López Aguilar conteste en el Congreso pues su relevo en el Ministerio se calcula para las próximas semanas.