La posible ilegalización de ASB no se discutirá hasta pasado el día 20 de este mes
MADRID 15 (EUROPA PRESS)
La Sala del 61 del Tribunal Supremo tiene previsto reunirse el próximo martes para adoptar nuevas medidas en el proceso de liquidación de bienes que se sigue en ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna, que se dictó en marzo de 2003. Fuentes del alto tribunal señalaron que esta reunión estaba señalada antes de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado instaran el inicio de un proceso contra Abertzalen Sozialista Batasuna (ASB) por lo que este asunto no formará parte del orden del día del martes.
Antes de discutir la eventual ilegalización de ASB, por considerarla mera continuadora de la ilegalizada Batasuna, la Sala del 61 debe esperar a que sus representantes formulen alegaciones contra las demandas en dicho sentido presentadas el pasado 3 de abril tanto por la Fiscalía como por los Servicios Jurídicos del Estado. El plazo de alegaciones es de 10 días hábiles tras la interosición de las demandas, por lo que éste no concluye hasta el próximo jueves.
Las mismas fuentes señalaron que no será hasta el día 20 o el 23 de abril cuando la Sala Especial del Supremo se reúna para discutir sobre el futuro de ASB.
INVENTARIADO DE HERRIKOS.
Sobre la ejecución de la sentencia que ilegalizó Batasuna, la reunión que celebró la Sala del 61 sobre este asunto el pasado mes de octubre supuso la creación de distintas comisiones judiciales a las que se encargó la entrada y registro de las herriko tabernas del País Vasco y Navarra vinculadas a esta formación política, para proceder a inventariar todos sus bienes y locales.
En dicha ocasión, el Tribunal Supremo explicó que la propia Ley de Partidos Políticos prevé la apertura de un proceso de liquidación patrimonial independiente y que el patrimonio neto del partido ilegalizado se destinará por el Tesoro público a actividades de interés social o humanitario.
Como consecuencia de las entradas realizadas en las herriko-tabernas, el Tribunal Supremo remitió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional divesos enseres en más de 60 cajas cuyo contenido sigue siendo estudiado por el Ministerio Público, con el fin de determinar si de estos objetos puede derivarse alguna responsabilidad penal por parte de los gestores de estos establecimientos.
