MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un responsable de la cooperativa Alecop en la que trabajaba Igor Cearreta Garay, quien se enfrenta a tres años de cárcel por atacar una entidad bancaria y una sede del PSE en Saraluze (Guipúzcoa) en 2005, ha afirmado en la Audiencia Nacional que los guantes con muestras de ADN que incriminan a su ex empleado pudieron ser utilizados por "cualquier persona", entre ellos ladrones de cobre, en la comisión de los actos de kale borroka.
Durante el juicio celebrado ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, el fiscal Luis Barroso y varios peritos de la Ertzaintza y la Guardia Civil han puesto de manifiesto que dos guantes de látex de color blanco hallados en el lugar de los hechos coinciden con el perfil genético de Cearreta.
El testigo de la defensa ha señalado que, aunque no tiene "una relación directa" con Cearreta, le conoce desde que éste se incorporó como montador y estañador a la cooperativa de Arrasate-Mondragón en 2005. Según ha indicado, los empleados utilizan obligatoriamente diverso material de seguridad, entre el que se encuentran guantes de látex que luego son arrojados a contenedores ubicados en el exterior del edificio y "accesibles a cualquier persona". "En más de una ocasión hemos encontrado los contenedores bastante revueltos en busca de chatarra de cobre", ha añadido.
Tras explicar que un buen número de empleados y estudiantes trabajan en la cooperativa, llegando a estar 50 personas en un sólo turno, el presidente del tribunal Alfonso Guevara ha espetado: "Ya ha explicado que había muchos, no nos explique la vida de la cooperativa".
"ME RECORDARON A LASA Y ZABALA"
Igor Cearreta ha negado su participación en los actos de 'kale borroka' por los que está siendo juzgado y ha asegurado que "nunca" ha ofrecido su consentimiento para que se le recogieran muestras de ADN. Ha añadido que en aquella época utilizaba habitualmente distintos tipos de guantes en su lugar de trabajo y que luego los depositaba en los contenedores de basura.
El acusado, que ha eludido responder a las preguntas del Ministerio Fiscal, ha denunciado que sufrió malos tratos cuando fue detenido en 2005. "Me dijeron que sólo se podía salir --de los calabozos-- en una furgoneta, en una ambulancia o en un coche con cal. Cuando pregunté que era el coche con cal, me dijeron si no recordaba lo de Lasa y Zabala", ha sostenido, antes de añadir que los agentes le amenazaron después con que le iba a visitar "el grupo de los torturadores".
POLICÍAS CON PELUCAS Y GAFAS DE PASTA
En la sesión, cuatro agentes de la Ertzaintza, disfrazados con pelucas, han recordado que tras la manifestación celebrada el 12 de marzo de 2005 con motivo del fallecimiento en Uruguay del presunto miembro de ETA Juan José Urrutia Pía, un grupo de unas 25 encapuchados se dirigió a una sucursal del BBVA situada entre las calles Rabal y Santa Ana, y arrojó un artefacto incendiario, que rompió los cristales y ennegreció la fachada de la sucursal.
En ese momento, escucharon "un estruendo" y "una fuerte explosión" y descubieron que los encapuchados habían quemado un contenedor y colocado un artefacto explosivo en la Casa del Pueblo, situada en la calle Santa Ana. Tras esta acción, los radicales se dirigieron a la plaza Zaharra y colocaron frente a la sede del PNV una pancarta en la que criticaban a esta formación política, el PSE-PSOE, el PP y EA.
El gran parecido físico de varios policías, que portaban pelucas, bigote y gafas de pasta, ha despertado las risas de varios familiares y amigos del procesado así como de los estudiantes de Derecho presentes entre el público que se encontraba en la sala.
El representante del Ministerio Público ha elevado a definitiva su petición de tres años de cárcel para el acusado por un delito de estragos terroristas con el agravante de disfraz, ya que los atacantes realizaron la acción violenta con el rostro cubierto con capuchas. Ha destacado que una muestra de saliva y los guantes de látex delatan la participación de Cearreta en los hechos y que "no hay una explicación lógica" que acredite que otra persona portó esos guantes desde Mondragón hasta Saraluze para cometer los ataques.
Por su parte, la defensa ha solicitado la libre absolución de su representado al sostener que no se ha probado que las muestras de ADN se recogieran con las garantías suficientes, la presencia de letrado y el consentimiento de su cliente, con lo que se habrían vulnerado derechos fundamentales. "Existen irregularidades en esta cadena de custodia", ha concluido.