Afirma que el hecho de que víctimas y terroristas "vivan a unos metros" no es "el mejor futuro"
VITORIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El director de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jon Landa, consideró hoy que "no es posible" que la Fiscalía "vaya en contra del del Tribunal Supremo" en lo referente a la acumulación de condenas, porque "hay topes, como la cadena perpetua y la pena de muerte, que no se pueden superar". Además aseguró que "el sentido común" indica que el hecho de que víctimas y terroristas que cumplan sus condenas "vivan a unos metros" el uno del otro "no es el mejor futuro".
Landa efectuó estas declaraciones al término de su comparecencia ante la ponencia permanente de víctimas del Parlamento, a la que acudió para dar cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos de este órgano.
El director de Derechos Humanos reconoció que el apartado en el que se engloban las medidas de reconocimiento social de los damnificados, entre ellas la celebración de una jornada dedicada a este colectivo, es "el más deficitario" en cuanto a avances.
Según dijo, esta situación se produce, "no tanto por falta de voluntad, sino porque no hay el consenso necesario" para la celebración de la citada jornada.
A preguntas de los periodistas sobre los motivos de esa falta de acuerdo, aseguró que, a pesar de que el reconocimiento social de los damnificados es un objetivo "compartido", aún es necesario "aunar voluntades".
Landa consideró que será necesario aplicar "fórmulas imaginativas" para superar la situación actual, aunque precisó que serán llevadas a cabo "con la aquiescencia e implicación de los colectivos de víctimas".
ACUMULACION DE PENAS
A preguntas de los periodistas sobre las reacciones de algunos de estos grupos ante el pronunciamiento de los fiscales del Tribunal Supremo a favor del criterio de acumulación de condenas, manifestó que en un Estado de Derecho "hay topes, como la cadena perpetua y la pena de muerte, que no se pueden superar" debido a que atentan contra los Derechos Humanos.
Landa reconoció que, "desde el punto de vista de las víctimas, va a quedar siempre la sensación de que [la condena] no era suficiente", pero consideró que, a pesar de ello, "como sociedad" no se puede superar los mencionados límites.
El director de Derechos Humanos consideró que "no es posible" que la Fiscalía "vaya en contra del criterio del Tribunal Supremo" en relación con este asunto y añadió que "quizás el problema es que se generaron expectativas de un cumplimiento íntegro de las penas cuando la retroactividad de la ley penal no es posible".
AZKOITIA
Landa también fue preguntado por la posible influencia de los sucesos acaecidos en Azkoitia, donde el ex miembro de ETA Kandido Azpiazu posee un negocio bajo la vivienda de la concejala del PP Pilar Elias, viuda de Ramón Baglietto, que fue asesinado por Azpiazu.
Landa consideró que en este caso confluyen -"dos planos diferenciados". Por una parte, citó el derecho de la víctima a ser indemnizada --Azpiazu no pagó la indemnización que se le impuso al declararse insolvente--, del que afirmó que "no tiene que ver necesariamente con la venganza, sino que es pura consecuencia de la aplicación de la justicia".
El segundo plano, a su juicio, es "la pretensión legitima de que aquel preso que haya cumplido la condena tiene derecho a reinsertarse". Sobre este aspecto subrayó que "no sólo es un principio constitucional, sino que tiene arraigo en los principios de los convenios internacionales que están ratificados por España".
"SENTIDO COMUN"
De todas formas, manifestó que la articulación de ambas pertensiones debe hacerse de forma que cada una de ellas sea satisfecha "en su justa medida, no con equidistancia".
En relación con esta cuestión, Landa consideró que "el sentido común indica que, posiblemente, vivir juntos, a unos metros el uno del otro [víctimas y miembros de ETA salidos de la cárcel], no es el mejor futuro" para ninguno de ellos.
"Esto se debe articular de forma que a cada uno se le dé lo suyo" y de manera en que no se produzca "un choque de trenes", advirtió, al tiempo que recomendó no dirimir este asunto en los medios de comunicación .
También se preguntó la razón de que la reclamación de las indemnizaciones a los ex miembros de ETA condenados no se haya realizado antes y que, como en el caso de Azpiazu, hayan tenido que ser "espoleadas" por iniciativas emprendidas mucho después de que se dictara la condena.
Respecto al grado de cumplimiento del resto de compromisos, al margen del reconocimiento social de los damnificados, consideró que ha sido "satisfactorio".
En el caso de las medidas de atención directa a las víctimas --indemnizaciones, información y atención, entre otras--, afirmó que "casi todas se han llevado a cabo".
VENTANILLA UNICA
No obstante, explicó que ha pedido a la ponencia que es necesario instar a la Audiencia Nacional a que establezca una ventanilla única de información para este colectivo. De esa forma se pretende evitar la "victimización secundaria" que sufren estas personas al encontrarse en los procesos con los familiares de los acusados.
En el ámbito de la educación por la paz, también calificó de "satisfactorios" los avances alcanzados. Landa aseguró que en este apartado se va a producir "un salto cualitativo", aunque no precisó en qué va a consistir.
Asimismo, explicó que ha planteado la puesta en marcha de un plan interdepartamental en materia de educación por la paz, que habría de ser impulsado por una comisión especial creada con este objetivo.
Landa también respaldó ante la ponencia la petición efectuada por la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, para que el Parlamento apruebe su propia ley de solidaridad con las víctimas.
ANGEL ALKALDE
El director de Derechos Humanos recibió un escrito de EHAK a su entrada a la ponencia. En el texto, se le solicita que informe de su postura en relación con la situación del preso Angel Alkalde y sobre las medidas que tiene previsto adoptar en torno a él.
Landa aseguró desconocer el contenido del documento, pero aseguró que "cualquier tema que se me plantee en materia de tortura se tiene que acoger con el máximo interés".
Según dijo, esta disposición no responde a "un interés espoleado coyunturalmente, sino a una línea de trabajo estructural de la Direccción de Derechos Humanos".
