- El PSOE-A ordena la suspensión cautelar de su militancia y la de los otros tres ediles arrestados
- La actual primera edil subraya que la operación sólo está relacionada con el Gobierno que precedió al suyo
MADRID, 27 Sep. (OTR/PRESS) -
Cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedades y blanqueo de capitales. Son los presuntos delitos que hicieron que la Fiscalía Anticorrupción pusiera sus ojos en Ronda (Málaga). Más de un año después, las autoridades actuaron y procedieron al registro del Consistorio de la ciudad y de la Delegación de Urbanismo y al arresto de, al menos, siete personas. Entre ellas se encuentran el ex alcalde socialista Antonio Marín Lara, Francisco Cañestro, ex primer teniente de alcalde y secretario general del PSOE en el municipio, María José Martín de Haro, ex delegada municipal de Obras, y Rafael Lara, ex delegado de Seguridad. El PSOE andaluz ordenó la suspensión cautelar de sus militancias inmediatamente después de los arrestos y María Paz Fernández (PP), actual primera edil del Ayuntamiento, subrayó que la operación sólo está relacionada con el Gobierno que precedió al suyo.
A primera hora de la mañana de este martes, los agentes de la Policía Nacional y una patrulla de la Policía Local que se unió más tarde entraron con cajas vacías a las sedes del Ayuntamiento de Ronda y de la Delegación de Urbanismo. Comenzaron entonces unos registros que se prolongaron durante nueve horas, hasta las 18.00. Mientras, los funcionarios esperaban a las puertas de los edificios, sin poder entrar. Es el último paso de una investigación por presunta corrupción urbanística que la Fiscalía inició hace, al menos, un año.
La causa ya se encuentra judicializada. De hecho, fue el Juzgado de Instrucción número dos de Ronda el que dirigió la operación, según confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación. Además de a los registros, las autoridades procedieron al arresto de, al menos, siete personas, incluidas Marín Lara, Francisco Cañestro, María José Martín de Haro y Rafael Lara. Es más, la inspección se inició en sus antiguos despachos, según María Paz Fernández, y prosiguió en sus domicilios.
La alcaldesa hizo hincapié en que la operación sólo está relacionada con el Gobierno que precedió al suyo. Se estudia su presunta comisión de delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedades y blanqueo de capitales, algo que llevó al PSOE-A a suspender sus militancias de forma cautelar. La dirección regional del partido inició la tramitación de los expedientes de suspensión inmediatamente después de que saltase la noticia.
En un comunicado, los socialistas andaluces resaltaron su compromiso de "tolerancia cero ante los presuntos casos de corrupción urbanística", un principio que motivó su acción. Eso sí, "respetando el derecho a la presunción de inocencia de las personas que están siendo investigadas", puntualizó. Antonio Camacho, responsable de Interior, confirmó los acontecimientos , pero no dio más detalles.
"Es una operación que está declarada secreta. Yo puedo confirmar que se están produciendo detenciones y se han producido detenciones, sobre todo en la zona de Málaga, y que se están llevando a cabo registros", subrayó el ministro. "La corrupción urbanística es una forma de corrupción y uno de los elementos esenciales en el trabajo de la Policía y Guardia Civil que este Gobierno ha intensificado de manera importante", añadió.
ARENAS CREE QUE LA INTERVENCIÓN ES "GRAVE"
Javier Arenas, presidente del PP-A, cree que la intervención es "grave" y, aunque aseguró que aún no conocía suficientes detalles al respecto, en la mañana de este lunes destacó que no tenía "nada que ver con los gobernantes actuales de la ciudad de Ronda". También recordó que el ex alcalde "dio el salto con todo su equipo desde el Partido Andalucista (PA) hasta el PSOE", lo que supuso un caso de transfuguismo. En opinión del 'popular', "es evidente que su conducta no ha sido premiada en las urnas".
Francisco Salado, secretario general del PP de Málaga, lamentó los hechos: "Es una mala noticia para la imagen de todos los ayuntamientos y de la provincia". Su grupo se queja de que... "Una vez más seamos portada de todos los periódicos porque se ha intervenido un ayuntamiento de la provincia de Málaga por supuesto delito de tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos. Hay una acusación muy grave sobre ese Ayuntamiento".
Ante estas noticias, Salado ofrece "respeto a las actuaciones que está llevando el juez y a la Policía en su investigación; prudencia y, sobre todo, colaboración total por parte de la alcaldesa de Ronda". La formación espera que "se clarifique todo pronto". La mencionada primera edil pidió a los presuntos implicados en los acontecimientos "la máxima responsabilidad" y afirmó que su equipo había facilitado toda la información que se reclamaba.
"Mi máxima en la gestión municipal es la transparencia y voy a actuar en consecuencia", agregó la dirigente. De ahí que asegurase que lo único que se podía hacer era confiar en las autoridades: "Confiar en el Estado de Derecho, instar a las fuerzas de seguridad a que actúen con premura y que se radiquen de nuestra Corporación aquellos hechos que han podido ser constitutivos de un delito y que perjudica la imagen del municipio y la imagen política en general".
En las pasadas elecciones, el PSOE, con Antonio María Marín Lara como cabeza de lista, obtuvo 175 votos más que los 'populares', aunque ambos consiguieron siete concejales. El PA se hizo con cinco e Izquierda Unida (IU) con dos. El PP alcanzó una coalición con los andalucistas para desbancar a Marín Lara del sillón municipal.
