SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
El ex consejero socialista de Obras Públicas de la Junta de Andalucía Juan José López Martos defendió hoy ante el tribunal la legalidad de la adjudicación de la obra de desdoblamiento de la carretera que une el puerto de Las Pedrizas con Salinas, entre Granada y Málaga, obra tramitada en 1992, que se adjudicó a la constructora Ocisa y que ahora está siendo enjuiciada en el conocido como caso Ollero. El ex consejero explicó que "siempre actué en defensa de la legalidad" y explicó que seguía dos criterios para la adjudicación de proyectos, su experiencia como ingeniero de caminos y procurando distribuir el trabajo entre las distintas empresas, defendiendo que Ocisa "no era de las más beneficiadas en los repartos de trabajo".
Así lo defendió esta mañana ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla López Martos que, en la repetición del juicio por el caso, que se está llevando a cabo desde ayer después de que el Tribunal Constitucional declarara nulas las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación, declaró en calidad de testigo y no como imputado (a diferencia de la primera vista). A la sesión de hoy sólo asistieron, de los cuatro imputados, Manuel Ollero, ex director general de Carreteras, y el empresario L.N.M., siendo éste último el único obligado a asistir a la vistas por la pena que se le pide.
El ex consejero relató que llegó al cargo "con una situación presupuestaria muy difícil porque estábamos cargados con inversiones del Gobierno anterior", citando la Expo'92 --entre otros--. Así, reconoció que dijo al entonces director de Carreteras (Manuel Ollero) que "procuráramos que la obra se hiciera dentro de plazo, pero de la forma más económica posible", asegurando que no hizo ninguna recomendación especial para que se eligiera a Ocisa.
Tanto es así que aseguró que eligió la adjudicataria entre las "cuatro o cinco" que le presentó como indicadas por el ex director general advirtiéndole de que "a ver si podíamos lograr pagarla lo más tarde posible", condición ésta de desplazamiento del pago, con todo, sostuvo, no era condicionante para la adjudicación a Ocisa. "Si hubiera sido otra empresa le hubiera dicho lo mismo", dijo. López Martos incidió igualmente en su declaración que "no siempre la oferta más barata es la más ventajosa".
En la segunda sesión de la vista oral por el caso también prestó declaración hoy como testigo el que fue presidente de la comisión técnica de la obra en cuestión, Angel Tavira, a quien se le tuvieron que leer fragmentos de su declaración anterior dado que sostuvo que no recordaba buena parte de las preguntas formuladas por el fiscal.
CUADRANTE FINANCIERO
Entre otros datos, reconoció que en un primer momento se hizo un cuadrante con las variantes técnicas y económicas de las ofertas presentadas, si bien después se confeccionó otro incluyendo variantes financieras y que el ex director Ollero le comentó, tras reunirse con el entonces consejero, que éste último "deseaba" adjudicar la obra a Ocisa, mientras que Ollero se inclinaba más por FCC. Además de asegurar que no halló ninguna anomalía o irregularidad entre las ofertas concurrentes, habló de que Ollero mantuvo al menos dos encuentros con un representante de Ocisa.
También declaró ante la sala Francisco López, quien dijo que viajaba de Madrid a Sevilla de copiloto junto con Jorge Ollero, hermano del ex director de Carreteras y también imputado, cuando fue parado por la Policía, interviniéndosele en el vehículo un maletín con 22 millones de las antiguas pesetas.
Junto con los tres citados imputados, actualmente lo está también el empresario J.R.B., ex directivo de Ocisa. Los cuatro se acogieron ayer a su derecho a no declarar y, además, los empresarios no ratificaron sus declaraciones realizadas con anterioridad pues, dijeron, nadie les avisó de que las escuchas realizadas durante la investigación podrían ser nulas. En el caso concreto de L.N.M., añadió igualmente que en su día declaró en calidad de testigo.
El fiscal solicitó como penas dos años de suspensión para ocupar cargo público por revelación de secreto para Manuel Ollero y tres meses de arresto mayor por tráfico de influencias para el hermano de éste, Jorge Ollero. Para J.R.B. ocho meses de prisión por cohecho y 20 por falsedad documental, y para L.N.M. seis meses por encubrimiento de cohecho y 20 por falsedad documental.
La investigación por el caso se desarrolló a partir de 1992 y en 2001 el Tribunal Supremo confirmó el dictamen de la Audiencia sevillana por el caso, que condenó a Manuel Ollero a un año de inhabilitación para ocupar cargo público y a su hermano a la misma pena que hoy solicita el fiscal para él. Sin embargo, dos años más tarde el Tribunal Constitucional declaró nulas las escuchas realizadas. El juicio continuará mañana, a partir de las 10.00 horas, con la declaración de más testigos.
