De Olmo asegura que había una facturación opaca y señala agujeros en el informe 'forensic'
MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ex director de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola José Antonio del Olmo ha subrayado en un nuevo escrito al juez de la Audiencia Nacional que investiga los presuntos encargos ilícitos de la empresa eléctrica a CENYT, el grupo empresarial de José Manuel Villarejo, que la compañía funcionaba como una "corporación única" donde su presidente, Ignacio Sánchez Galán, estaba al tanto de "cualquier cuestión de cierta relevancia" a través del comité operativo.
Así lo expone en un escrito de este mismo lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, donde Del Olmo viene a ratificar lo que ya dijo el 18 de abril al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, durante su comparecencia como imputado de cara a obtener una eventual protección como 'whistleblower'.
El antiguo directivo acompaña su escrito con varios documentos, sobre todo correos electrónicos internos y facturas, a los que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, para respaldar sus declaraciones, tal y como se comprometió a hacer.
Entre la batería de 'emails' corporativos, consta uno del 5 de febrero de 2010 firmado por el jefe de Riesgos, Juan Carlos Rebollo, que fue enviado, entre otros, al propio Del Olmo donde se explicaba el "Proyecto de Corporación Única", incluido entre "los objetivos de presidencia y de todas las áreas corporativas" definidos para ese año.
Del Olmo relata en su escrito que "a partir del año 2002, debido a los proyectos que se estaban poniendo en marcha, se plantearon modificaciones en la estructura del grupo Iberdrola", siendo finalmente ocho años después cuando "desde la presidencia" de la compañía se lanzó ese proyecto.
En este sentido, el 'email' revela que se pretendía establecer un esquema de presupuestos y seguimiento que fuese "coherente" con la definición de corporación única, de modo que cada responsable de una función corporativa pudiese "asumir como propios los gastos e inversiones gestionados por la función en todo el grupo".
De esta forma, aclara Del Olmo, "el responsable de cada una de estas funciones, perteneciendo a Iberdrola SA en todos los casos, tenía la responsabilidad en todas las empresas del grupo donde se desarrollaba esta función".
"El esquema de trabajo consistía en que el responsable de una función corporativa en una empresa del grupo dependía jerárquicamente de una persona de dicha empresa, pero funcionalmente dependía del responsable de la función en Iberdrola SA", explica.
EL COMITÉ OPERATIVO
Además, afirma que, como consecuencia de esta forma de trabajar, "todos los contratos, asesorías, etc. a llevar a cabo por una función corporativa en una sociedad del grupo se aprobaban en un Comité Operativo y después se firmaban los contratos correspondientes a través de la empresa del grupo correspondiente".
Pone de ejemplo al departamento de Seguridad, al que se ha achacado la contratación de CENYT, para enfatizar que "los presupuestos anuales, los contratos a realizar, las asesorías a contratar, etc. eran responsabilidad de Antonio Asenjo (el jefe del departamento), en todas las empresas del grupo, siempre bajo supervisión del presidente, que presidía el Comité Operativo".
De acuerdo con Del Olmo, "esta forma de actuar era idéntica para todas las funciones corporativas". "Trimestralmente, se preparaba un informe de seguimiento de las funciones corporativas, elaborado por Rebollo y entregado a Galán como máximo responsable de la corporación", sostiene.
Para el ex 'controller', "de todo ello se deriva, que cualquier cuestión de cierta relevancia, pasaba siempre por el Comité Operativo, del que formaba parte José Ignacio Galán, como responsable máximo del mismo".
FACTURAS EN "CAJA FUERTE"
Por otro lado, insiste en la existencia de un "procedimiento de pagos de facturas fuera del sistema", adjuntando una cadena de correos electrónicos que, a su juicio, "indica que el presidente ordenó unos pagos determinados".
Comienza con un 'email' del 23 de junio de 2011 donde Rebollo dice a la entonces jefa del servicio jurídico, María de la Torre, que una de sus funciones "es garantizar que todos los pagos del grupo están debidamente autorizados", y recuerda que para importes por debajo del umbral para el que se aplica la 'Norma de Inversiones' la autoridad para dar el visto bueno a esos pagos reside en cada una de las áreas.
Añade que esa orden de pago "debe ir firmada (...) por una de las personas autorizadas por el director del área", y apunta en ese mismo 'email' que se debe actuar con cautela sobre "las cuentas de destino de los fondos" para que no estén "inmersas en ningún procedimiento judicial".
A este correo electrónico le responden que, como bien comenta, "la Jefatura es la que lo solicita" y no la dirección de recursos corporativos porque es un compromiso institucional "del más alto nivel de la compañía". "Considero que lo más operativo es que lo hables directamente con Fernando Becker te remitas nuevamente al Presidente, a tu criterio", plantea María de la Torre en ese 'email' con copia a Del Olmo.
Asimismo, Del Olmo pone en el punto de mira el informe 'forensic' de PWC por cuanto no entrevistó ni revisó los dispositivos tecnológicos de Mariano Rodríguez y Jesús Pernía, a quienes se refiere como personas clave en la facturación.
En el caso de Rodríguez, cuenta que, como responsable de la administración de Seguridad, por él "pasaban todas las facturas" de dicho departamento, por lo que califica de "sorprendente" que ni siquiera se le preguntara para hacer el 'forensic'.
En cuanto Pernía, afirma que las facturas por los trabajos contratados por Iberdrola desde la secretaría general o la presidencia con la agencia de detectives Kroll, a la que Villarejo habría sustituido, fueron contabilizadas y pagadas por Pernía y "guardadas en su caja fuerte": "Gestionaba los pagos con total opacidad".
PAGOS ANTICIPADOS
Entre la documentación aportada por Del Olmo también se cuentan una batería de facturas de la empresa Casesa --vinculada al comisario Villarejo-- y que datan de 2004.
Menciona ocho facturas por un total de 351.500 euros las cuales, "al no existir presupuesto disponible" en el sistema interno, "se contabilizaron como anticipo", anticipos que fueron "anulados" una vez aprobado el presupuesto extraordinario por el Comité Operativo.
En concreto, aporta factura una de 1 de mayo de ese año que tiene como concepto la revisión del "ambiente, líneas telefónicas, RAC para análisis, evolución y anulación de posibles sistemas de emisión-recepción" en hasta diez centros de trabajo. Tuvo un importe de 83.000 euros, IVA incluido.
Ese mismo día se gira otra factura de Casesa de casi 70.000 euros por asesoramiento estratégico para seguridad de instalaciones en Bolivia, Chile, México y Guatemala. Y catorce días más tarde se emite otra de más de 48.000 euros por la preparación de la seguridad de la Junta de Accionistas 2003.
Se da la circunstancia de que ese mismo 14 de mayo, gira otra factura más Casesa por 41.000 euros en concepto de "servicios especiales de control y contravigilancias" para desplazamientos de directivos en Bilbao y Madrid, trabajos que se habrían realizado a lo largo de 2003 y 2004.
Dos meses después, según consta en la documentación de Del Olmo, se gira otra factura de Casesa --en junio-- por más de 30.000 euros en concepto de seguridad para la junta de accionistas. A esto suma el mismo día otra factura de más de 27.000 euros por vigilancia y contravigilancia por desplazamiento en Bilbao y Madrid entre marzo y julio de 2004.
A estas facturas detalladas, Del Olmo añade en su documentación otras dos por valor de 93.000 euros para Casesa por conceptos como revisión en sedes o asesoramiento estratégico en las instalaciones de México.
