MALAGA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ex edil de Marbella (Málaga), Juan Antonio Yagüe, hermano de la ex alcaldesa marbellí, Marisol Yagüe, ha decidido no ingresar, por el momento, voluntariamente en prisión para cumplir la pena de un año de cárcel impuesta por el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga por un delito urbanístico en el denominado caso 'Proinsa', y asegura sentirse "cabeza de turco", según indicaron desde la defensa.
Las fuentes explicaron a Europa Press que fue la familia quien se puso en contacto con los abogados para explicarles los motivos, entre los que están que por un tema similar "o incluso más grave" fue absuelto por otro juzgado malagueño y la existencia de un voto particular del presidente de la Sección Segunda de la Audiencia, que ratificó esta condena de un año, que consideró más adecuado sólo la pena de inhabilitación y no de prisión.
Indicaron que entre sus argumentos está también que la licencia por la que fue condenado "no llegó a ejecutarse" y señalaron que el ex concejal "se considera un cabeza de turco" y que el ingreso en prisión de ex ediles en estos asuntos urbanísticos está siendo utilizado "como lección ante los ciudadanos", por lo que, desde la defensa, dirigida por los letrados Pablo Luna y Ernesto Osuna, dijeron, "no se presentará en prisión hasta que no se normalice la situación".
Además, manifestaron que se pregunta "por qué con todos los asuntos pendientes de ejecución en los juzgados de lo Penal, en este caso va tan rápido sin permitir que se resuelvan recursos pendientes en el Tribunal Constitucional o se presenten otro tipo de iniciativas". "Esto le ha producido una situación de desconfianza hacia la justicia", apuntaron desde su defensa.
Los abogados insistieron en que el ex concejal no se ha puesto en contacto con ellos, sino a través de los familiares y señalaron que esta situación se ha puesto en conocimiento del juez. Además, precisaron que él mantiene que actuó "entendiendo que lo hacía conforme a la legalidad" y que "no se ha lucrado absolutamente".
La Fiscalía de Málaga ha solicitado que se ordene la busca y captura e ingreso en prisión del ex edil para que cumpla la pena de un año de cárcel, ya que aún no se había personado en ningún centro penitenciario desde que el Juzgado de lo Penal número 5 dictara un auto en el que se decretaba el ingreso en prisión de los ex ediles marbellíes condenados en este caso y en el que ya se ordenaba proceder a su localización y detención.
De los siete ex concejales con sentencia firme, dos se encontraban ya en prisión por su presunta implicación en la trama de corrupción en el Ayuntamiento marbellí, denominado caso 'Malaya', como son el ex alcalde Julián Muñoz y Rafael González. De los otros cinco, Mario Jiménez y Manuel Calle se presentaron en los centros penitenciarios madrileños de Soto del Real y Alcalá Meco, respectivamente; mientras que la primera en personarse para cumplir la condena fue Marisa Alcalá, que lo hizo en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre.
Así, quedaría también la ex edil Dolores Zurdo, quien según indicaron fuentes jurídicas a Europa Press, solicitó la pasada semana un plazo de nueve días para ingresar en prisión, petición a la que la Fiscalía malagueña no se opuso.
Por contra, el ministerio público sí se opuso a los recursos de apelación presentados por los condenados contra el auto del juzgado en el que se denegaba la suspensión de la pena. Igualmente, hizo con la petición realizada por la representación legal del ex regidor marbellí Julián Muñoz de suspender la pena impuesta por este caso mientras se tramita el indulto, que ya habría sido solicitado.
El juzgado condenó a los ex concejales marbellíes por conceder licencia al proyecto básico presentado por Promoción de Edificaciones Industriales (Proinsa) para construir viviendas, garajes y locales comerciales en una parcela no urbanizable situada al oeste del Palacio Polivalente.
La Audiencia Provincial de Málaga confirmó el pasado mes de julio esta condena dictada por el Juzgado de lo Penal número 5. Estos mismos ex ediles tienen firme otra condena anterior de seis meses por otro delito urbanístico, también firme y dictada por el mismo juzgado, en el denominado caso 'Banana Beach', sentencia cuya ejecución sí se encuentra suspendida por petición de indulto.
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