MARBELLA (MÁLAGA), 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo consideró hoy un "hito importante en la lucha contra la delincuencia" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que se condena al que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga) Francisco Javier de Urquía a dos años de prisión y a 17 de inhabilitación para cargo de juez por un delito de cohecho y otro continuado de prevaricación, así como a una multa de más de 100.000 euros.
"Creemos que es un avance importante en la lucha contra la delincuencia y, sobre todo, en Marbella", afirmó a los periodistas el abogado, que representó en este juicio a David Shamoon, propietario del Marbella Club y del hotel Puente Romano. Destacó que supone "una buena noticia y una tranquilidad" para los ciudadanos marbellíes y dijo que, al tener antecedentes penales, el juez De Urquía debería entrar en la cárcel una vez la sentencia sea firme.
En este punto, explicó que "si se trata de la primera condena se puede suspender, pero cuando hay una condena anterior ya no se puede suspender a no ser que hayan sido canceladas, por lo que en mi humilde opinión estos antecedentes no se podrían suspender". Apuntó que la sentencia no es firme y cabe la opción de recurso.
En cuanto a la absolución de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, aseguró que tiene la intención de recurrir la resolución al Tribunal Supremo, pues considera que Shamoon sufrió "un importante daño moral, material y patrimonial".
"Fue el que verdaderamente denunció los hechos, le intentaron extorsionar y confió en la Administración de Justicia, lo cual le supuso un perjuicio importante a sus negocios", subrayó Gordillo, a lo que añadió que durante varios meses "tuvo que pagar de su bolsillo" una retribución de 85.000 euros a un administrador judicial, "que fue nombrado de forma ilegal".
Por último, preguntado por si esta sentencia "contamina" de alguna forma al caso 'Hidalgo', consideró que no "porque se trata de un hecho aislado y de un instructor que en ese momento estaba en funciones", por lo que "cabrían en su momento las recusaciones correspondientes", aunque reconoció que "serían los letrados quiénes tendrían que valorarlo".
