CÁDIZ, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Cádiz acoge a partir de mañana el juicio contra el ex intendente de la Policía Local de Cádiz que ocupaba el puesto en el año 2002 por un presunto delito de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento, al detectarse en octubre del citado año "diversas irregularidades" en el cobro de multas y en la gestión de la Escuela de Policía Local, por lo que la Fiscalía pide siete años de cárcel.
Cuando se detectaron estas irregularidades en octubre de 2002 el Ayuntamiento de Cádiz puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que imputa al funcionario con los tres delitos mencionados y pide para él un total de siete años de cárcel, inhabilitación especial por sufragio pasivo durante el tiempo de condena, una multa de 20 meses con una cuota diaria de seis euros y una indemnización a la Administración pública de 15.000 euros.
Al parecer, en febrero de 2002 el ex intendente ordenó que las multas de tráfico de pago inmediato se las entregasen a él en lugar de que se remitiesen a la oficina administrativa, que a su vez trasladaba al Negociado de Multas y éste daba un justificante a los agentes y quedaba el dinero para su ingreso en las arcas municipales.
Según indica el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, las multas debían ser depositadas en la mesa de su despacho por los agentes en un sobre cerrado en el que se incluía el boletín de denuncia y sus copias.
Por otra parte, como responsable de los cursos de formación de la Policía Local, supuestamente incluyó a su esposa como integrante de los profesores de la plantilla que impartía cursillos, aunque ésta no tenía relación alguna con la Policía Local. Así, la Fiscalía apunta que se aprovechó de la organización de estos cursos para obtener ingresos, además de duplicar las horas para encubrir la liquidación fraudulenta.
En este sentido, la Fiscalía afirma que en algunos casos aumentó el número de horas impartidas por él, percibiendo una cantidad mayor de dinero. De esta forma, según el ministerio público, entre él y su esposa lograron obtener 10.625 euros, que hay que sumar a los 4.547 euros que obtuvo del pago de las multas.
Por todo ello, la Fiscalía solicita un año y medio de prisión por el presunto delito de apropiación indebida y cinco años y medio por el de falsedad de documento, así como una indemnización a la Administración pública de 15.000 euros, que es la cantidad que supuestamente se apropió con su actuación.
