Asegura que el dinero con el que su mujer y él pagaron la casa de La Moraleja tiene un origen legal
MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ex viceministro venezolano Nervis Villalobos ha solicitado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que levante su imputación en la pieza separada del denominado 'caso PDVSA' donde se le investiga por un delito de blanqueo de capitales que habría cometido al comprar una casa en Alcobendas (Madrid) con dinero de origen ilícito, una acusación que "no se basa en nada", según ha argumentado.
En un escrito del pasado martes, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Villalobos insta a la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 a acordar "el sobreseimiento de la presente pieza separada al no existir indicio de la comisión de ningún ilícito" por parte de quien fuera viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela.
En esta pieza 2 del 'caso PDVSA', la magistrada investiga la denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2017 por delitos de blanqueo de capitales respecto a "fondos procedentes de una actividad dirigida a la defraudación y/o apropiación del patrimonio de PDVSA y otras empresas públicas de Venezuela".
En el caso de Villalobos y su mujer, Milagros Coromoto Torres, la instructora pone el foco en el dinero con el que el 27 de marzo de 2014 el matrimonio compró por 1.750.000 euros una casa en la urbanización de lujo La Moraleja, ubicada en el municipio madrileño de Alcobendas.
La imputación de la pareja, apunta la defensa, se basaría únicamente en la asunción de que esos fondos tendrían su origen en la comisión de un delito. Así, la denuncia identificó siete transferencias realizadas entre octubre de 2011 y junio de 2012 por la empresa Miami E&E a favor de Kingsway, propiedad de Villalobos y Torres, por casi siete millones de dólares, parte de los cuales se habrían usado para comprar la casa.
Sin embargo, la defensa expone que "la vivienda de Alcobendas no se compró con el dinero remitido por Miami E&E a Kingsway", sino que el matrimonio la adquirió "a título particular" con "una cuenta personal" de Villalobos, por lo que se pagó con "otros fondos completamente al margen del dinero recibido de Miami E&E", asegurando que "el dinero no pasó de una cuenta a otra". Y, por ello, "no hay blanqueo posible".
INTERMEDIACIÓN "COMPLETAMENTE LÍCITA"
Además, da un segundo argumento indicando que, incluso en el caso de que se hubiera pagado con ese mismo dinero, tampoco habría delito porque procede de una "intermediación financiera" por parte de Villalobos que fue "completamente lícita".
En este sentido, explica que el ex viceministro venezolano, "en el ámbito de su trabajo como consultor", "fue contratado por un consorcio de empresas para colaborar en el desarrollo de diversos proyectos en Venezuela" y, "debido a las restricciones de control cambiario" en la nación caribeña, las partes pactaron usar una tercera empresa, Miami E&E, que trasladaría el dinero del cliente a Kingsway para que cobrara en dólares, no en bolívares.
"Todo fue según lo pactado" y "Kingsway contabilizó correctamente el dinero recibido y lo incorporó debidamente en sus declaraciones fiscales del Impuesto de Sociedades", ha enfatizado.
Asimismo, llama la atención sobre el hecho de que "la Fiscalía no llega a identificar de qué supuesto delito provendría el dinero transferido". "Y sin esta concreción, no cabe hablar en modo alguno de delito de blanqueo de capitales", zanja.
UN CONCEPTO DISTINTO DE BLANQUEO DE CAPITALES
La defensa entiende que la Fiscalía apuntó a un origen oscuro de esos fondos porque los gestores de Miami E&E, Luis y Javier Díaz, fueron condenados en 2018 en Estados Unidos a ocho y cuatro meses de cárcel, respectivamente, por un delito de blanqueo de capitales.
No obstante, aporta un informe elaborado por el abogado estadounidense Arthur D. Middlemiss, un "experto" en blanqueo internacional de capitales "que ejerció durante 13 años de fiscal adjunto en la Fiscalía de Distrito de Nueva York", donde el letrado norteamericano precisa que los gestores de Miami E&E fueron condenados por un delito con ese mismo nombre pero con un concepto distinto.
Así, refleja que fueron condenados por "operar en el mercado financiero sin contar con la licencia necesaria para ello", una conducta que en Estados Unidos se califica como blanqueo de capitales, pero que no equivale al comportamiento sancionado por el Código Penal español como lavado de dinero.
"Y es aquí donde procede la confusión que está en el origen de todo este procedimiento, porque esta conducta de operar sin licencia (que en España no pasaría de una irregularidad administrativa) está considerada en Estados Unidos como una clase específica de 'lavado' de dinero", recalca.
De todas formas, añade que en el supuesto de que hubieran sido condenados por blanqueo de capitales entonces "debería valorarse en primer lugar la aplicación del principio 'ne bis in idem', con el correspondiente sobreseimiento de la causa".
En cualquier caso, subraya que esas transferencias que la Fiscalía española ve como sospechosas ya fueron analizadas "detenidamente" por las autoridades estadounidenses sin que encontraran ilegalidad alguna.
