La fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz dice que las inspecciones que se realizan sobre seguridad laboral son "insuficientes"
SEVILLA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
El magistrado y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial Ramón Sáez Valcárcel criticó hoy el fracaso de las políticas públicas en materia de siniestralidad laboral e instó a analizar "por qué teniendo una legislación aparentemente coherente tiene esa escasa eficacia en el control de una realidad tan terrible como es morir en el trabajo", algo que justificó acudiendo al "escaso" gasto social que supone este asunto.
En rueda de prensa, Sáez Valcárcel indicó que las estadísticas muestran la imposibilidad de controlar el mercado de trabajo y que la escasa inversión que se hace al respecto coloca a España en segundo puesto tras Portugal en cuanto a siniestralidad laboral en la Unión Europea (UE), lo que revela la "indignidad de ciertos trabajos".
En ese sentido, destacó la "escasa eficacia" de la intervención penal en esta materia e indicó que debería apoyar esas políticas públicas para controlar la situación de los trabajos, algo "realmente difícil porque existen muchas empresas clandestinas fruto de una economía sumergida que, lógicamente, no quedan reflejadas en las estadísticas".
Asimismo, manifestó que hay una cierta línea jurisprudencial que trata de analizar estos conflictos preguntándose primero que hizo la víctima, es decir, "busca atribuir al trabajador la culpabilidad penal de una deficiente seguridad en su empresa", algo que consideró inapropiado porque en otros ámbitos no se pregunta a la víctima si ha sido culpable.
Sáez Valcárcel participa esta semana en el curso 'Siniestralidad laboral: un efecto con causas', organizado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en La Cartuja (Sevilla), un seminario que, según su director, el catedrático de la Universidad de Cádiz Juan María Terradillos, pretende analizar la "preocupante situación" de la siniestralidad laboral en España y, en concreto, en Andalucía.
El director del curso manifestó a los periodistas la gravedad de que diariamente muera una persona en el trabajo, realidad "progresivamente creciente que no es más que la punta del iceberg", puesto que la inseguridad laboral conlleva, además de las muertes por siniestralidad, cantidad de enfermedades profesionales y "mucho dinero invertido", en cuanto que el empresario socializa esos gastos y los carga la Seguridad Social en lugar de hacerse responsable .
Además, Terradillos criticó que las normativas de seguridad se incumplen sobre todo en los sectores más marginales, principalmente en empresas pequeñas y en trabajadores jóvenes e inexpertos o mayores y con mucha frecuencia en inmigrantes, es decir, en los sectores de población laboral más indefensos que no pueden ejercer resistencia frente a las exigencias productivas, que quieren "ahorrar a toda costa y no piensan en ese muerto diario".
En esa línea, estimó que no es una situación inevitable, puesto que es fruto de constantes estrategias de ahorro, por lo que insistió en que una posible solución sería incrementar la prevención y tomar conciencia, puesto que "cuando salta la noticia de que hay un muerto por accidente laboral todos se indignan pero al día siguiente se les pasa y no se hace nada al respecto".
Así, el director del seminario subrayó que si la población se acostumbra a esas cifras será "una sociedad de borregos e indignos", y recalcó que la ley castiga la mera creación de peligro en el entorno laboral, por lo que "es obligación de todos denunciar cuando haya falta de seguridad en una empresa y no esperar a que ocurra la desgracia".
INSPECCIONES INSUFICIENTES
Por otro lado, la fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz, Ángeles Ayuso, que participó hoy en el citado curso, consideró "insuficiente" el funcionamiento de las inspecciones que se realizan en materia de seguridad laboral en España, en el sentido de que las plantillas son "ridículas" frente al grueso de trabajo que tienen, ya que la mayoría de empresas que hay en España y sobre todo en Andalucía, son pequeñas y medianas, por lo que es difícil controlarlas a todas con el escaso personal de inspección.
Por último, Ayuso consideró que en muchas ocasiones los partes que han de llegar a los juzgados para que comience el proceso quedan "mal registrados", puesto que en el recorrido que hacen desde que parten del hospital hasta que llegan a su destino pueden sufrir modificaciones o pérdidas, con lo que "no constan siempre esas situaciones de accidente laboral y eso impide que se conozca esa realidad", concluyó.
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