Díaz Rato defiende ante el juez que "amarró" tanto los precios del nuevo proyecto que las empresas le demandaron
MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El exdirector del puerto de El Musel (Gijón) José Luis Díaz Rato ha atribuido los sobrecostes en la ampliación de la obra, que podrían provocar la devolución de 247,5 millones de fondos europeos, al entonces secretario general de Transportes del Ministerio de Fomento Fernando Palao y al que era presidente de Puertos del Estado Mariano Navas, según ha explicado su abogado, Viliulfo Díaz.
Díaz Rato, que ha declarado durante casi tres horas ante el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González, ha defendido en su comparecencia que la decisión de pagar a un mayor precio del inicialmente establecido la compra de materiales para el puerto se adoptó en dos reuniones que se celebraron en Madrid a principios de 2006 en presencia de los dos responsables de Fomento.
"Puertos del Estado tiene una reunión con los directores generales de las cuatro empresas que formaban la UTE y con el presidente y el director de (el puerto de) Gijón. Tras mucho discutir, se le ordena, se dice y se acuerda que hay que negociar este modificado para que se cierre la obra y no se quede sin hacer porque Gijón no se puede quedar sin el puerto", ha explicado el letrado.
De igual modo, ha defendido que su cliente era "el máximo responsable de la obra a nivel técnico, que no ha sido cuestionada en ningún momento", y que durante su desarrollo siempre actuó como "la bestia negra" de las constructoras que llevaron a cabo las obras hasta el punto de que "amarró" tanto los precios del nuevo proyecto que las empresas presentaron una demanda reclamando 330 millones de euros.
Tras denunciar que su cliente se siente "humillado y condenado" por haber sido imputado, el letrado de Díaz Rato ha negado que los sobrecostes se ocultaran hasta después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2007, ya que, según ha dicho, no se pudieron determinar hasta diciembre de ese año, una vez que se comenzaron a utilizar.
"No se han visto instrumentos de control tan fuertes como se vieron en esta obra", ha añadido antes de considerar "inexactos, erróneos y falsos en algunos casos" los argumentos que utilizó la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en un informe remitido en marzo de 2014 en el que denunciaba "graves irregularidades e incluso fraude" en el proyecto, así como "deficiencias en los sistemas de gestión y de control por parte de la Autoridad del Puerto de Gijón".
"RESPONSABILIDAD DEL PSOE"
Tras la declaración, el diputado autonómico y secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, ha advertido de que la comparecencia de Díaz Rato confirma que hubo una "responsabilidad compartida entre los agentes políticos" y que el Consejo de Administración de El Musel, un órgano que estaba "poblado de altos cargos del PSOE", avaló por "unanimidad" los sobreprecios y la falta de supervisión.
El dirigente de Podemos, que impulsa el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción que ejerce la acusación popular en la causa, ha subrayado que el de El Musel fue "una de las obras de Puertos del Estado más importantes y una de las mayores inversiones de Fomento". "Se tiraron cientos de millones al mar", ha dicho Ripa.
El miércoles declaró, también como imputado, el expresidente de la Autoridad Portuaria Fernando Menéndez Rexach, quien aseguró que no tenía "capacidad de decisión" en ninguna de las fases de licitación de las obras, que se llevaron a cabo entre los años 2005 y 2011.
El tercer imputado en la causa, el exgerente de la unión temporal de empresas (UTE) que llevó a cabo las obras de El Musel, Juan Miguel Pérez, declarará el próximo 7 de julio después de que la semana pasada fuera llamado como testigo.
SEIS DELITOS
El juez Javier Gómez Bermúdez admitió a trámite el pasado 8 de agosto una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción a fin de investigar "las actuaciones de representantes y administradores" de la unión temporal de empresas (UTE) Dique Torres, que llevó a cabo el proyecto entre los años 2005 y 2011, y de los integrantes de la Autoridad Portuaria de Gijón, gestora de las instalaciones.
Según Anticorrupción, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un total de seis delitos: fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda Pública y prevaricación.
La Comisión Europea financió el proyecto con 198 millones de euros
procedentes de los fondos de cohesión, a los que se suman otros 49,5 que se
encuentran pendientes de cobro.
La UTE que llevó a cabo este proyecto estaba formada por las empresas constructoras Dragados, FCC, SATO, FPS y Alvargonzález Contratas. A estas compañías el juez reclamó los registros contables y la documentación referente a este contrato, así como los documentos que justifiquen su relación con Hidrocantábrico respecto de la cantera de Aboño y los correspondientes a las operaciones con Tudela Veguín en relación con las canteras Peña María y La Hoya-Perecil.
