Exinterventor dice que Gobierno andaluz hizo "oídos sordos" pese a la advertencia de irregularidades

Actualizado 28/04/2015 15:23:11 CET
Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta de Andalucía
Foto: EUROPA PRESS

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El que fuera Interventor General de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010 Manuel Gómez Martínez ha señalado este martes que la Intervención puso de manifiesto "irregularidades y deficiencias lo suficientemente graves como para que el gobierno hubiera tomado medidas" en el caso de las ayudas socio-laborales y que, sin embargo, el Gobierno andaluz hizo "oídos sordos" y miró "para otro lado" durante diez años.

La comparecencia de Gómez Martínez se ha alargado durante tres horas y media y en ella solo ha respondido a las preguntas del juez instructor Alberto Jorge Barreiro, los fiscales y el abogado de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular. Tras acabar, ha dicho a los periodistas --de quienes no ha aceptado preguntas-- que se ha sentido "injustamente acusado" por los máximos responsables de la Junta que han comparecido previamente ante el Supremo.

"Oh, Dios, que buen vasallo si hubiese buen señor", ha resumido emulando a un juglar Gómez en declaraciones a los medios de comunicación al finalizar su declaración, que se ha producido en calidad de imputado sobre su responsabilidad en las advertencias que se hicieron en relación con los trámites de concesión de los ERE presuntamente fraudulentos en Andalucía y otras ayudas socio-laborales.

Ante el juez instructor, Gómez ha intentado demostrar que "la Intervención cumplió con su obligación legal de control" y que "en el sistema de gestión de las subvenciones de los ERE, la Intervención no tuvo nada que ver". "No fue consultada, no le fue comunicado cuando se puso en práctica ni se la dotó de procedimientos adicionales de control", ha ahondado el exinterventor.

Gómez ha proseguido señalando que en el "exiguo marco de funciones que pudo desarrollar", el órgano elaboró informes "en los que puso de manifiesto irregularidades y deficiencias como para que el Gobierno hubiera tomado medidas", sin embargo, éste hizo "oídos sordos" y miró "para otro lado".

En otro orden de cosas, el exinterventor ha dicho que pidió voluntariamente declarar porque se ha sentido "injustamente acusado" por los aforados que han declarado con anterioridad pero, además, ha roto una lanza a favor de los trabajadores de la Intervención y ha defendido que cumplieron con su deber.

"Las acusaciones apenas veladas que se han hecho de negligencia de la Intervención de la Junta, de ser ciertas, que no lo son, afectarían a decenas de funcionarios de la intervención que durante el periodo en el que se investiga, cumplieron siempre con sus obligaciones legales de control".

NO IRREGULARIDADES SINO UN SISTEMA INADECUADO

Por otra parte, fuentes de la defensa presentes en la declaración han señalado que Gómez ha manifestado este martes ante el instructor de la causa que en los informes que realizó nunca habló de irregularidades, sino de la existencia de un sistema "inadecuado" de reparto de las ayudas socio-laborales porque se prescindía del proceso administrativo.

Según las mismas fuentes, el exinterventor ha señalado igualmente que está convencido de que dichas advertencias llegaron al menos a tres consejerías, las de Empleo, Economía e Innovación y que su contenido era conocido de forma general.

Preguntado por el hecho de que no emitiera ningún informe de actuación al respecto -que son los documentos que llegan de forma efectiva a los consejeros-, el exinterventor ha manifestado que no era necesario hacerlo porque de lo que él revisó no se deducía menoscabo de fondos públicos.

SIN DOCUMENTACIÓN Y SIN PRESIONES

Por su lado, el abogado del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, José María Mohedano, ha destacado en manifestaciones ante los periodistas congregados a las puertas del Supremo que el exinterventor se ha negado a responder a sus preguntas y a explicar las cosas, y que tampoco ha exhibido documento alguno que refrendara sus explicaciones.

Ha destacado que, al venir como imputado, Gómez no tenía este martes obligación de decir verdad, y que sí la tenía cuando compareció ante la Comisión de Investigación en el Parlamento, con apercibimiento de incurrir en falso testimonio si no lo hacía así.

"Hoy, que no tenía esa obligación, ha dicho algunas cosas distintas de las que dijo cuando tenía obligación de decir verdad, y por ello no ha contestado a los abogados de las defensas, creo yo", ha añadido el letrado de Griñán.

Por otra parte, fuentes de la defensa del expresidente Manuel Chaves han destacado de la declaración que, a preguntas del instructor, el exinterventor ha reconocido que nunca envió informes y nunca se reunió con aquel al que, de hecho, no conoce. Estas mismas fuentes también han manifestado que Gómez ha declarado que no recibió ningún tipo de presión respecto a su trabajo.

Cabe recordar que la declaración de Gómez se ha producido tras los interrogatorios a los cinco aforados nacionales, entre los que se encontraban los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que coincidieron en manifestar que no tenían conocimiento de los reparos y de las advertencias de ilegalidad efectuados por el exinterventor al sistema de concesión de las ayudas socio-laborales.

La petición para su interrogatorio fue realizada por los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar y también fue solicitada por él mismo y por Manos Limpias. Gómez, ya está imputado en la causa que tramita la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, por lo que ha comparecido ante el alto tribunal en la misma situación procesal, asistido de letrado y sin obligación de decir verdad.

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