Dice que Cifuentes dio el visto bueno a la adjudicación porque le correspondía como vicepresidenta de la cámara regional
MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
La exjefa del Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid Tatiana Sonsoles Recoder ha defendido este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la trama Púnica, Manuel García Castellón, que la licitación en 2009 del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid se hizo cumpliendo escrupulosamente con la legalidad vigente y que en ningún momento se actuó al margen de la normativa, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.
Recoder, que ha declarado en calidad de investigada, ha respondido a las preguntas de su letrado y de la Fiscalía en relación a la licitación en 2009 de este servicio, que recayó en el Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández. Una operativa que según denunció la Guardia Civil ya estaba acordada de antemano por los miembros del Comité de Expertos que integraba la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Según explican las mismas fuentes, Recoder ha insistido durante los cerca de 45 minutos que ha durado el interrogatorio, que los criterios que se siguieron venían recogidos en los pliegos y que ella no tenía responsabilidad en revisar el fondo de los mismos, sino simplemente en que se cumplieran, como así ocurrió.
En relación al papel de Cristina Cifuentes, la investigada se ha limitado a decir que integraba el Comité de Expertos en calidad de vicepresidenta primera de la Asamblea madrileña y, por tanto formó parte de esta operativa, como podría ser cualquier otra persona.
RESTRICCIÓN DE COMPETENCIA
El Ministerio Fiscal le ha preguntado por si no restringía la competencia el hecho de valorar que el grupo de Fernández había obtenido más licitaciones (como por ejemplo la gestión que ostentó hasta 2014 de la cafetería del Congreso de los Diputados). En respuesta, Recoder ha asegurado que no lo entendía así y que tiene más peso a la hora de adjudicarle este servicio por su experiencia en el sector.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que el Comité tuvo como única finalidad favorecer de manera preconcebida al Grupo Cantoblanco en los procesos de licitación y en la decisión de antemano de la adjudicación de los mismos. Este favorecimiento se habría materializado a través de conductas "arbitrarias que derivaron en actos injustos y de percepción paladina" en cuanto a la comisión de los mismos por parte de sus partícipes.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 había citado a la exjefa del Servicio Jurídico para este jueves después de que suspendiera la citación del pasado 18 de octubre a petición del letrado de la investigada, que expuso que no había tenido acceso al expediente de la causa al haber recibido la notificación de comparecencia días previos a la citación judicial.
