VALENCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
Una extesorera de la Asociación del Pret a Porter Industrial de la Comunidad Valenciana acusada de apropiarse de 72.000 euros en perjuicio de la entidad ha afirmado este martes en su declaración en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia que "era un préstamo" y que pensaba devolver el dinero.
La mujer era tesorera de esta asociación, con domicilio en la calle Músico Peyró de Valencia, el 18 de enero de 2007. Tenía como facultades la posibilidad de pagar facturas aprobadas por el órgano de representación y disponer de los fondos de las mismas. Para ello, necesitaba en los cheques y pagarés la firma, además de la suya, del presidente o el vicepresidente o algún vocal de la junta.
La Junta depositó su confianza en la mujer, hasta el punto de dejar cheques firmados para que fueran rellenados por ella y hacerse, así efectivos, entre los meses de junio a octubre de 2008.
La mujer ha reconocido que valiéndose de estos cheques y pagarés ya firmados por la presidenta de la Junta Directiva, cobró en distintas entidades bancarias varios cheques y pagarés por valor de 72.000 euros, que no obedecían a recibos y facturas generadas por la asociación.
En concreto, en una entidad de la calle San Vicente Mártir, en fecha 18 de junio de 2008, la mujer retiró la cantidad de 1.500 euros mediante un cheque al portador que ella misma elaboró, plasmando su firma junto a la de la presidenta de la Junta, que lo había hecho con anterioridad.
El 10 de julio del mismo año retiró en iguales circunstancias un total de 2.500 euros mediante un cheque al portador, y lo mismo hizo el 11 de septiembre y el 21 de octubre, apropiándose de las cantidades de 2.000 y de 15.000 euros respectivamente. Seguidamente, en otra entidad de la calle Alboraya, la mujer cobró el 21 de julio un pagaré de 33.000 euros.
Y por último, con igual ánimo y maniobra, en otro banco retiró el 29 y el 31 de octubre, mediante cheques al portador, un total de 3.000 y 15.000 euros respectivamente.
Por estos hechos, el fiscal y la acusación particular piden para la mujer una pena de cuatro años de prisión y una multa con cuota diaria de 12 euros durante ocho meses por un delito de apropiación indebida. Por su parte, la defensa pide la absolución al entender que la asociación estaba al corriente de estas operaciones y que la mujer iba a devolver el dinero.