FeSP y ReMC piden que se cambie Ley Audiovisual para que no responda "sólo" a "intereses mercantilistas" de productoras

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Red de Medios Comunitarios (ReMC) pidieron hoy a todos los grupos parlamentarios que realicen una "sensible modificación" del proyecto de Ley Audiovisual, ya que, en su opinión, el texto elaborado por el Gobierno "sólo" responde a "los intereses mercantilistas de las productoras de televisión".

Así, ambas asociaciones afirman en un comunicado que el objetivo de la norma, que "llega con retraso", debería ser "regular el sector respondiendo a las necesidades de la ciudadanía" y no sólo a los intereses de las productoras, por lo que piden a los diputados que "no desaprovechen la ocasión de aprobar una ley que es necesaria, pero que nacería frustrada si saliera adelante con los principios que inspiran el proyecto del Gobierno".

En este sentido, la FeSP y ReCM proponen que la ley no contemple el sector de la comunicación audiovisual "exclusivamente como un mercado" y que "queden meridianamente claras" las obligaciones que tienen las televisiones como servicio público, aunque no sean de titularidad estatal, "sobre todo sus espacios informativos".

Asimismo, piden que se regule "correctamente" la capacidad de emisión y también de producción de los medios públicos, de tal manera que puedan complementar su programación con producciones externas, "pero nunca a costa de dejar sin trabajo a su plantilla o de despidos".

"La futura ley debe garantizar, y así se pide a los grupos parlamentarios, el blindaje de las radiotelevisiones autonómicas y locales como servicio público, contemplando de manera expresa las de las comunidades con una lengua cooficial propia", añaden. Además, solicitan que se establezca una financiación con aportaciones públicas y con publicidad, como ha recomendado la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Por otro lado, ambas asociaciones temen que con la aprobación de la nueva ley se pueda crear "un vacío legal en la gestión directa de la programación de los medios públicos autonómicos como consecuencia de la derogación de la Ley de Terceros Canales" y piden que las licencias de emisión se concedan siempre que se cumplan requisitos como la estabilidad de los puestos de trabajo y la garantía de los derechos profesionales a través de estatutos de redacción.

Por último, proponen que el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales tenga competencias para conceder las licencias y para sancionar a los operadores que no respeten la ley y que en el sector de comunicación social estén incluidos también los medios comunitarios no comerciales ni públicos.