MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
La exsecretaria cuarta de la Mesa del Parlament, Ramona Barrufet, ha declarado alrededor de 50 minutos ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por los hechos relacionados con la declaración de independencia de Cataluña. El siguiente en declarar es el que fuera secretario tercero de la Mesa, Joan Josep Nuet, con quien concluirán las comparecencias.
Estas declaraciones han tenido lugar justo después del receso que el magistrado ha hecho para comer. Con la finalización de las declaraciones, el juez Llarena celebrará sendas vistillas para acordar la posibilidad de imponer a los investigados medidas cautelares, en caso de que la Fiscalía lo solicite.
La primera en declarar ha sido la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que se ha extendido durante algo más de dos horas en las que ha sido preguntada por los actos que realizó para facilitar los debates parlamentarios que culminaron con la declaración unilateral de independencia (DUI) del pasado 27 de octubre.
A Forcadell le han seguido Lluís Corominas, Lluís Guinó --quien sustituyó al primero como vicepresidente de la Mesa de la Cámara Catalana el pasado 17 de julio, han informado fuentes jurídicas-- y Anna Simó.
LA DUI NO TENÍA VALOR JURÍDICO
Según fuentes presentes en las declaraciones anteriores, la presidenta del Parlament habría señalado expresamente que esta declaración no tenía valor jurídico tras ser preguntada por este extremo por los representantes de la Fiscalía que la imputan indiciariamente los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Por otra parte, Forcadell ha aportado durante su declaración diversos documentos que vendrían a confirmar que las cuentas del Parlament están siendo intervenidas por Hacienda, con el objetivo de contrarrestar la acusación de malversación de fondos públicos de los que le acusa también la Fiscalía.
Las mismas fuentes han destacado que los fiscales Fidel Cadena, Consuelo Madrigal primero, y Javier Zaragoza y Jaime Moreno (que han sustituido a los anteriores al empezar la declaración de la cuarta investigada, Ana Simó), han incidido durante su interrogatorio sobre si las intenciones de los parlamentarios eran violentas, lo que ellos han negado. Han reconocido no obstante que sus llamamientos pacíficos pudieron terminar en incidentes en las calles aunque ésta no fuera su intención.
