La fiscal y el abogado del Estado anuncian que modificarán "sustancialmente" su petición de pena en el "caso AVE"

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fiscal Anticorrupción Teresa Gálvez y el abogado del Estado anunciaron hoy que modificarán "sustancialmente" sus conclusiones provisionales del "caso AVE", que sienta en el banquillo a doce imputados por el presunto cobro de comisiones por la adjudicación del proyecto del AVE Madrid-Sevilla, aunque las comunicarán esta tarde a las partes ante la Sección Decimoséptima de la Audiencia Provincial de Madrid.

Durante la sesión de hoy, los abogados de la acusación particular, que ejercen Juan Ramón Montero, en representación del PP, y el abogado del comisionista Joaquín Mundo Arago, señalaron que esta tarde elevarán a definitivas sus conclusiones provisionales. La causa fue desglosada del sumario del "caso Filesa" y ya ha superado las 100 sesiones.

No obstante, Montero especificó que ante posibles modificaciones hará suyo, con carácter alternativo, la petición de pena del Ministerio Fiscal y del abogado del Estado. Por su parte, los abogados de la defensa le solicitaron que concretase sus posibles modificaciones por crear confusión en la Sala.

El "caso AVE", que comenzó a instruirse hace más de diez años, ha sentado en el banquillo de los acusados al ex ministro socialista de Sanidad y ex presidente de RENFE Julián García Valverde, que ha estado defendido por el abogado Rafael Burgos, y a otras doce personas, aunque una de ellas, el ex diputado del PSOE Carlos Navarro, falleció este último año.

Entre los acusados por este caso, que presuntamente sirvió para la financiación irregular del PSOE, figuran la ex responsable de Finanzas del Partido Socialista, Aída Alvarez; su marido, Miguel Molledo; el ex administrador de Filesa Luis Oliveró; el ex director del gabinete de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de Crisis de La Moncloa Florencio Ornia; y el ex concejal socialista de Madrid Valentín Medel.

Los otros seis acusados son el que fuera director de compras y mantenimiento de Renfe, Leopoldo Iglesias; el ex miembro del comité electoral del PSOE en 1986 Juan Carlos Mangana; el ex secretario del dirigente socialista Guillermo Galeote, Sotero Jiménez; y los ex responsables de Siemens (empresa adjudicataria del AVE) Mario Huete, Francisco Francés y Juan José Chinchilla.

Todos están acusados de cometer cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla.

PETICIÓN FISCAL

En las conclusiones provisionales, la Fiscalía Anticorrupción pedía seis años de prisión y multa de 9,6 millones de euros para el ex ministro García Valverde por delito de cohecho (soborno); lo mismo que para Leopoldo Iglesias. Para Oliveró, la solicitud de cárcel es la misma aunque la multa reclamada es de 6 millones de euros.

Para Aída Álvarez y su marido, Miguel Molledo, la petición de pena es 15 años de prisión y multa de 1,3 millones de euros, y para Juan Carlos Mangana, Sotero Jiménez y Florencio Ornia, 11 años de cárcel y multa de entre 6,4 y 12 millones de euros.

La mayor petición de cárcel es para los ex empleados de Siemens Huete, Chinchilla y Francés, para quienes el fiscal reclama veinte años y once meses de cárcel y multas de 10 millones de euros. Valentín Medel, por su parte, se enfrenta a tres años de prisión.

En su escrito, Anticorrupción sitúa los hechos en el Plan de Transporte Ferroviario aprobado por el Gobierno socialista en 1987, que impulsó la iniciación de grandes actuaciones en infraestructuras orientadas a la configuración de la red, y en el que destacó el proyecto NAFA (Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía), cuyos trazados fueron aprobados por el Consejo de Ministros en diciembre de 1988.

En este escenario, según la Fiscalía, un grupo de responsables del PSOE relacionados con la Secretaría de Finanzas y Administración, el Gabinete de Presidencia y antiguos miembros de comités electorales del partido, junto con familiares y amigos, "urdieron un plan para recabar comisiones ilícitas de los contratistas, fabricantes y tecnólogos de los proyectos del AVE a cambio de concederles las adjudicaciones de los contratos por RENFE".