MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Tribunal Supremo señala hasta 15 indicios para sostener que los imputados por su implicación en la consulta del 9-N -por presuntos delitos desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos- pretendieron "aparentar que el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios cuando en realidad no fue así".
El Ministerio Público detalla estas pruebas en el escrito que remitió el pasado 6 de mayo a la sala de admisiones del Tribunal Supremo interesando la apertura de causa contra el actual diputado, exconseller y exportavoz del Govern, Francesc Homs, por su condición de aforado.
"En las comunicaciones vía correo electrónico entre la Administración y los contratistas privados, muy en particular tras conocerse la efectiva impugnación gubernamental ante el Tribunal Constitucional, fue constante la utilización de términos ambiguos, indicaciones de confidencialidad o reserva, y la insistencia en el carácter "sensible" de la cuestión", señala la Fiscalía en su escrito, que ha dado a conocer este jueves.
Entre estos indicios, citan la contratación de un envío masivo de correspondencia oficial conteniendo información de la convocatoria, un suplemento a la póliza de seguro de AXA para el personal de la Generalitat, información en web oficial, formación en sedes oficiales de la comunidad autónoma, instalación de ordenadores portátiles, distribución de material para la votación o la apertura de centros educativos.
En relación con Homs, la Fiscalía señala que consta prueba documental, concretamente la carta que dirige al CTTI (Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información) de la Generalitat, a solicitud del Consejero Delegado de este organismo y ante la petición de instrucciones por una contratista T-Systems a la vista de la suspensión ordenada por el Constitucional.
HOMS ADVIRTIÓ DE UN INCUMPLIMIENTO
"En dicha carta expresa su voluntad de seguir con las actuaciones e incluso hace referencia a la puesta a disposición del CTTI de los servicios jurídicos ante el posible incumplimiento por algún contratista de los trabajos encargados para la preparación y desarrollo de la votación del 9N, a modo por tanto de implícita advertencia de las consecuencias de un eventual incumplimiento", concreta el fiscal.
Esa concreta conducta resulta, a juicio de la Fiscalía del Supremo, "expresiva de su actuar consciente e intencionalmente encaminado a garantizar que las actuaciones materiales de preparación de la votación convocada para el 9-N continuaran su curso soslayando la suspensión constitucional".
La Fiscalía también defiende en este informe a posibilidad de la investigación judicial de Homs modo separado de la de los restantes investigados "al tener su conducta, pese a estar relacionada, entidad y autonomía propia".
Esta tesis también ha sido acogida por la Sala de admisiones del Supremo, que ha acordado acotar su investigación al aforado, por lo que la parte que afecta al expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau, seguirá instruyéndose en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
La prueba contra Homs, esencialmente documental, la constituyen por varias cartas en las que la empresa T-Systems, contratista responsable de unos trabajos informáticos necesarios para la preparación y desarrollo de la jornada del 9N, al tener conocimiento de la providencia del Tribunal Constitucional, solicitó del CTTI la confirmación de que sus servicios no la vulneraban.
Esta confirmación vino en última instancia del entonces Consejero de Presidencia, Francesc Homs, quien mediante carta legitimó la continuación de los trabajos, "lo cual condujo a que los mismos prosiguieran y culminaran en los días sucesivos".
Los actos jurídicos y materiales adoptados por cada uno de los querellados, produjeron "la completa ineficacia del mandato de suspensión cautelar contenido en la providencia, la adopción de decisiones administrativas arbitrarias y gastos indebidos al erario público.
Dice también el fiscal en su informe que la causa ya instruida en el TSJC está compuesta por 10.000 folios y que se han practicado numerosas diligencias de investigación respecto de Mas, Ortega y Rigau "que acreditan indiciariamente la realización por cada uno de ellos de actuaciones, sirviéndose de las potestades de sus cargos, tendentes a preparar, amparar y desarrollar la referida consulta del 9N con intencional quebranto de la resolución del Tribunal Constitucional".
