MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso solicitó hoy en el juicio contra 12 acusados de pertenecer al GRAPO que se ilegalice el Partido Comunista de España Reconstituido -PCE(r)-, al que considera el brazo político de la organización terrorista, y aseguró que la formación política "no podría mantenerse" sin la financiación de la banda armada a través de sus crímenes.
El abogado Juan Manuel Olarieta, en representación del resto de defensas, rechazó la tesis del fiscal de que el PCE(r) y el GRAPO son "una única organización" con dos brazos, el político y el militar. Según él, el Ministerio Público olvida que la responsabilidad penal es individual y, añadió, "las ideas no delinquen".
Según afirmó el fiscal ante la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la detención de la cúpula del GRAPO en Francia en noviembre del 2000 se intervino documentación que prueba de forma "clara e indudable" que el PCE(r) controla la organización terrorista, le da órdenes sobre las acciones a cometer, decide quién entra o no en ella, y selecciona sus objetivos.
Asimismo, subrayó la dependencia mutua entre ambas organizaciones, especialmente en lo relativo a su financiación. Así, aseguró que el PCE(r) aporta dinero al GRAPO para que cometa sus crímenes, a la vez que éste sostiene al partido, que "no podría mantenerse" exclusivamente con las cuotas de sus afiliados, que según él suponen sólo entre el tres y el siete por ciento de sus fondos.
El fiscal pide para los acusados penas que oscilan entre los 8 y los 14 años de cárcel, y que en total suman 116 años de prisión. En su opinión, varios de los acusados facilitaron al GRAPO datos sobre sus objetivos, realizaron labores de captación y adoctrinamiento, y actuaron como "correa de transmisión" entre el brazo político y el armado.
LAS IDEAS NO DELINQUEN
Por su parte, el abogado Juan Manuel Olarieta aseguró que las tesis del fiscal sobre una "superestructura" conformada por las dos organizaciones "no es traducible al derecho", ya que es una afirmación "política", y no penal.
Además, destacó que aunque el PCE(r) llamase a la "lucha armada", "no es lo mismo hablar de violencia que practicarla", y añadió, "las ideas no delinquen". No obstante, recalcó que la mayoría de los acusados "no tienen nada que ver con armas o con atentados", sino con "reuniones, revistas o periódicos".
Asimismo, manifestó que las tesis del fiscal son una "manipulación" porque no distingue entre responsabilidades políticas y responsabilidades penales, que son individuales. "Es como si Bono tuviese que responder por los delitos que cometen los soldados españoles en Afganistán. Tendrá que hacerlo políticamente, no penalmente", sentenció.
Entre los acusados, Jesús Merino del Viejo, alias 'Ernesto', 'Lorca' y 'Jordi', se enfrenta a la condena más alta, de 14 años de prisión, por delitos de integración en organización terrorista, tenencia ilícita de armas y tres de falsificación de documentos. El fiscal también pide penas de 11 años de cárcel para Yolanda Fernández Caparros y Carmen López Anguita, y de 10 años y nueve meses para Leoncio Calcerrada, Israel Moleón y Carmen Muñoz Martínez. Los seis acusados restantes se enfrentan a una pena de 8 años de prisión por integración en organización terrorista.
A pesar de que Juan Manuel Olarieta representó a todas las defensas para rechazar que el PCE(r) y el GRAPO formen parte de la misma organización, en la sesión de mañana, en la que el juicio podría quedar visto para sentencia, cada defensa presentará sus conclusiones, tras lo cual será el turno de última palabra de los acusados.
ROBAR UN BANCO
Por otro lado, hoy también fueron juzgados en la Audiencia Nacional otros dos supuestos miembros del GRAPO, Ignacio Varela y Santiago Rodríguez, acusados de robar 170.500 euros de un banco el 20 de junio de 2003 en la localidad de Alcorcón (Madrid). Según la fiscal Blanca Rodríguez, los dos imputados entraron a punta de pistola, apuntaron en la cabeza al director de la sucursal y lo ataron a una silla, al igual que a otras dos empleadas.
El presidente del tribunal mandó a dos policías que levantasen por la fuerza al acusado Francisco Rodríguez, después de que éste se negase a hacerlo voluntariamente. Una vez en pie, se limitó a decir que se negaba a declarar "en esta opereta fascista" tanto a las preguntas de las acusaciones como a las de su propia defensa. El otro imputado también rechazó "participar en esta pequeña fiesta".
La representante del Ministerio Público solicitó para ambos un total de 47 años de prisión la considerarles autores de un delito de robo y otros tres de detención ilegal.
