ALICANTE, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El fiscal en la repetición del juicio por el motín de la cárcel alicantina de Fontcalent, en el que falleció un preso de nacionalidad argelina y fueron retenidos varios funcionarios en 1990, anunció hoy que estudiará presentar un recurso de casación para solicitar la nulidad del juicio cuando conozca la sentencia "si el resultado es el que" cree que "va a ser".
Durante la octava sesión del juicio, en la que el Ministerio Fiscal y el abogado de uno de los principales procesado Antonio C. expusieron sus conclusiones, el fiscal José Antonio Romero explicó que este recurso versará sobre el impedimento de que quedara reflejado en el acta de la sesión de ayer 14 de febrero, las declaraciones en el juicio anterior de siete testigos que no acudieron al juicio por encontrarse en paradero desconocido.
El fiscal hizo este anuncio durante su exposición de las conclusiones relativas al procesado Vicente G.C. --acusado de ser uno de los autores materiales de la muerte del argelino--, ya que entre las declaraciones que fueron rechazadas por la sala estaba la de un testigo --identificado como M.M-- quién afirmó haber visto a Vicente G.C. participando en la muerte del preso.
En este sentido, José Antonio Romero resaltó que no ha podido aportar pruebas que relacionen a Vicente G.C. con la muerte porque no le han dejado dar lectura de las declaraciones inculpatorias de este testigo, y subrayó que no entiende cómo no consta en acta "una declaración en la que se afirma que Vicente G.C. ha matado a alguien".
Esta afirmación provocó que el citado acusado se levantara de la sala y gritara "yo no he matado a nadie", lo que llevó al juez del Tribunal, José Daniel Mira Perceval, a advertirle sobre su comportamiento.
Así mismo, el Ministerio Fiscal manifestó hoy que los acusados hicieron el motín en Fontcalent con la finalidad "clarísima y sin dudas" de fugarse de la prisión alicantina, porque "desde el principio exigieron un blindado, un helicóptero y gasolina". Además, consideró probado este argumento en base a que "exigieron condiciones para la liberación de los funcionarios".
Por este motivo, el fiscal imputó a todos los procesados en la detención de los ocho funcionarios y de la maestra de deportes porque "hubo un acuerdo de voluntades y de medios".
Por lo que se refiere a la responsabilidad subsidiaria del Estado, José Antonio Romero consideró que el Estado debe hacerse responsable de que la alarma no funcionara porque "no puso todos los medios necesarios para evitar algo así, y los funcionarios tampoco tenían walki-talkies para comunicarse en una cárcel como la de Fontcalent". Además, recalcó que, a pesar de que en el centro penitenciario existían unas garitas para ubicar a efectivos de la Guardia Civil, éstas no estaban ocupadas.
Por lo que respecta a los procesados, el fiscal mantuvo la petición de penas de 778 años de prisión para los 12 procesados al considerar que están probados los hechos por los que están imputados. Sobre uno de los principales acusados, Antonio C., recordó los testimonios de varios funcionarios que le situaban y le señalaban como uno de los autores materiales de la muerte del preso argelino, y destacó que los testigos estaban "a una distancia menor a la que existe en un campo de fútbol o una plaza de toros, y tenían una visibilidad e iluminación suficientes" para ver el suceso.
"ABSOLUCIÓN PARA ANTONIO C."
Por su parte, el letrado de Antonio C., Enrique Botella, en sus conclusiones recordó los motivos por los que el letrado pidió la nulidad del juicio a lo largo de las siete sesiones celebradas hasta hoy. Así, acusó al tribunal de estar "contaminado y no ser imparcial", y de la vulneración de los derechos de la defensa y de la audiencia pública, entre otros.
Acto seguido, Enrique Botella mantuvo que en el momento en el que se produjo el motín, su cliente participó en la revuelta con el objetivo de "defender su integridad física", ya que, según manifestó, "el sistema judicial y el sistema penitenciario le ha quitado la vida poco a poco". En este sentido, señaló que en el momento de los hechos Antonio C. llevaba siete años encerrado 22 horas diarias en una celda, saliendo dos horas al patio, lo que, en su opinión, "puede volver loco a cualquiera".
Por ello, Enrique Botella solicitó la absolución completa por enajenación mental de su cliente y destacó que su cliente ha sido "deshumanizado, por lo que no se puede imputar a alguien que no es persona". En este punto, manifestó que Antonio C. era una persona que recibía palizas y vejaciones por los funcionarios de la prisión de Fontcalent, y consideró que la cárcel de Fontcalent "debería de estar cerrada, como ocurrió hace años con la cárcel de Alcatraz en Estados Unidos por los malos tratos a los presos".
En relación con la supuesta participación de Antonio C. en la muerte del reo argelino, el abogado manifestó que "no existe la más mínima prueba de ello, sino más bien de que estaba en otro sitio distinto del patio", y añadió que es "inaudita la falta de pruebas existentes en este juicio que inculpen a mi cliente". En esta línea, recordó que pidió estudiar si dos funcionarios que testificaron pudieron incurrir en un delito de falso testimonio porque, según dijo, pone en duda incluso que estuvieran en la cárcel el día del motín".
El juicio por el motín de Fontcalent se reanudará mañana, 16 de febrero, con la exposición de los informes y conclusiones de los otros abogados de la defensa.
