El fiscal especial antidroga defiende la legalidad de las escuchas con SITEL en el macrojuicio por droga

Actualizado: martes, 24 noviembre 2009 19:54

La vista oral continúa mañana con la lectura de los informes de las defensas

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal especial antidroga, José Perals, ha defendido la legalidad de las escuchas telefónicas practicadas con el sistema SITEL después de que las defensas de algunos acusados del macrojuicio por una operación antidroga que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo apuntaran a una posible ilegalidad de las conversaciones interceptadas por el Cuerpo Nacional de Policía en el caso.

Según informó la Fiscalía, Perals basó su defensa en lo acordado por la Junta de la Fiscalía Antidroga a nivel nacional, celebrada los pasados días 19 y 20 de noviembre en Madrid, que concluyó que el SITEL es un "mero avance tecnológico", plenamente legal.

Por el momento, un total de trece de los 20 acusados de un delito contra la salud pública, detenidos tras una operación a gran escala desarrollada por el Cuerpo Nacional de Policía en 2005, reconocieron el pasado día 9 las acusaciones que formuló contra ellos el fiscal.

Los acusados que reconocieron los cargos formulados contra ellos por la Fiscalía Antidroga son: Carlos G. T.; Manuel Antonio R.M; Silvia L.S.; Joaquín L.S.; Alejandro G.S.; José René O.F.; Miguel G.F.; Carlos Francisco F.C.; Félix V.P.; José Luis C.A.; Félix C.A.; Luis Vicente M.R. y Lorenzo G.H.

La vista oral continúa con normalidad para el resto de los acusados, con la lectura, mañana, de los informes de las defensas.

LOS HECHOS

Según la calificación del fiscal, la investigación arrancó a principios de 2005 cuando la Policía investigó a dos trabajadores del Funicular de Bulnes por tráfico y venta de drogas, en ocasiones en el propio funicular. Los dos acusados vendían la droga a Manuel Antonio R.M. y Silvia L.S., quienes a su vez la revendían a terceras personas.

El ministerio público solicitaba para los 20 acusados penas que sumaban 153 años y medio de cárcel y multas por un valor superior a los 2.237.000 euros.