Fiscal jefe del TSJCyL advierte de la dificultad de probar vía penal el delito de prevaricación en materia urbanística

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El recién nombrado fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Manuel Martín-Granizo, advirtió hoy de la dificultad de probar vía penal aquellas conductas irregulares en materia urbanística que se producen en el ámbito de las administraciones públicas y que conforman el delito de prevaricación y, por ello, abogó por que antes de la vía judicial intervengan otros mecanismos previos de control.

Martín-Granizo, quien fue recibido hoy en la sede de la Delegación del Gobierno, en Valladolid, por su titular, Miguel Alejo Vicente, en el marco de las visitas protocolarias y a su vez de trabajo que el primero ha iniciado para entrevistarse con distintas autoridades de la Comunidad castellanoleonesa, aseguró compartir la preocupación de la Fiscalía General del Estado por perseguir los delitos que se cometen en el área urbanística pero apuntó que "el fiscal sólo está llamado a actuar en aquellos supuestos más groseros".

En dicha materia, el fiscal jefe del TSJCyL, en declaraciones recogidas por Europa Press, insistió en las grandes dificultades existentes para la "probanza" de este tipo de delitos que se registran en el ámbito de las administraciones y, por tal motivo, recordó que existen una serie de mecanismos, tales como "el derecho administrativo, contencioso-administrativo y el propio control político, que deben actuar mucho antes que el derecho penal, que representa el cierre de todo el sistema y no es satisfactorio que lo haga".

Así, el representante del ministerio público precisó que el derecho penal no es deseable que actúe, "pero si tiene que hacerlo finalmente lo hará con el máximo rigor".

ACCIDENTES DE TRAFICO Y LABORALES

Ese mismo rigor es el que Martín-Granizo anunció que presidirá su labor en el nuevo cargo que ocupa en el Alto Tribunal castellanoleonés para "perseguir", si la gravedad de los hechos y las consecuencias así lo requieren, determinadas conductas que se producen en materia de tráfico, al tiempo que reconoció su preocupación por la seguridad en materia laboral.

A este último respecto, el fiscal jefe apuntó que la figura del acusador público puede jugar un papel muy importante a la hora de incrementar la "prevención general. El fiscal, ni en esta ni en ninguna otra materia va a cambiar la realidad, pero nuestra obligación es aplicar el derecho penal con rigor y eficacia".

Pese al aumento de la siniestralidad laboral, Martín-Granizo entiende que el actual marco legal y político es suficiente para combatir esta lacra, "a pesar de la inercia de decir que hay que modificar las leyes. Creo que tenemos leyes y tipos penales suficientes y, simplemente, se trata de aplicarlos con la rigurosidad que se hizo en los años 60 y 70 en aquellos casos cuya gravedad así lo requiera", sentenció.