La Fiscal-jefe del TSJPV pide la absolución para Ibarretxe, López y Ares al considerar que no han cometido desobediencia

BILBAO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal-jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, María Angeles Montes, ha pedido la absolución para el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y los dirigentes del PSE-EE Patxi López y Rodolfo Ares por reunirse con miembros de la izquierda abertzale.

Montes presentó esta tarde ante la Sala Civil y Penal del alto Tribunal vasco su escrito, después del auto dictado el pasado 30 de octubre por el juez instructor Roberto Sáiz, por el que acordó la apertura de juicio oral contra Ibarretxe, López, Ares, así como contra los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Juan José Petrikorena, Pernando Barrena, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El magistrado ordenó que se diera traslado al ministerio público, que había solicitado el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, con el objetivo de que, en un plazo de tres días desde la notificación de su resolución judicial, formulase escrito de acusación "o lo que estimara procedente".

Dentro del plazo establecido, la representante de la Fiscalía vasca ha solicitado la absolución para los acusados de desobediencia, al considerar que no han cometido ninguna infracción penal y mantener que el delito que se les imputa requiere que exista voluntad de "desacatar" la orden de la autoridad competente, sin que haya indicios de que ésa fuera la intención de Ibarretxe, López y Ares al entrevistarse con miembros de la izquierda abertzale.

El ministerio público ya había solicitado con anterioridad que no se procediera a la apertura de juicio oral porque, a su entender, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no puede hacerse si la Fiscalía pide el sobreseimiento y no hay acusación particular.

Roberto Sáiz en el auto del 30 de octubre aseguró que bastaba con las imputaciones realizadas por la acusación popular -ejercida por el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia- para que el caso pudiera finalizar en vista oral.

Al igual que en anteriores ocasiones, María Angeles Montes afirma que no concurren "los requisitos objetivos ni subjetivos del delito de desobediencia".

Durante la instrucción de la causa, la Fiscal-jefe del TSJPV ha mantenido que las reuniones del lehendakari, Juan José Ibarretxe, y los dirigentes del PSE-EE, Patxi López y Rodolfo Ares, con representantes de la izquierda abertzale -integrantes de Batasuna-, no tuvieron, "a priori, entidad delictiva" porque no consta, "en modo alguno", que los encuentros tuvieran como objetivo "favorecer la acción delictiva del complejo terrorista dirigido por ETA, sino todo lo contrario".

Tras recordar que el delito de desobediencia "es un delito eminentemente doloso, que requiere la conciencia y voluntad de no respetar, de desacatar la orden emanada de la autoridad competente", ha sostenido que, en este caso, "no hay indicios de tal voluntad".

En escritos anteriores, la representante de la Fiscalía vasca subrayó que el lehendakari ya declaró que "su intención a la hora de invitar a Batasuna a reunirse con él en la ronda de contactos con los partidos políticos vascos, no era, en absoluto, desafiar a nadie, sino mantener un diálogo con la referida formación, en el entendimiento de que también Batasuna forma parte de la solución" y precisó que la finalidad de los encuentros era "tratar de hablar de paz y trabajar la paz".

Asimismo, destacó que López y Ares precisaron que su objetivo era entrevistarse "con quien representa a parte de la sociedad vasca, bajo el denominador de izquierda abertzale", y señalaron que no se reunieron con Batasuna, "que era una formación ilegalizada", por lo que "ni siquiera" podían reunirse con ella.

"Ha quedado meridianamente acreditado que la voluntad, la intención y finalidad de los querellados, los señores Ibarretxe, López y Ares, a la hora de decidir reunirse con el resto de los querellados", Arnaldo Otegi, Juan José Petrikorena, Pernando Barrena, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia, "en absoluto fue la de menoscabar la consideración debida a los miembros de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, provocando que se incumpliera la sentencia del 27 de marzo de 2003 que, tras ilegalizar Batasuna, disolvió tal formación y ordenó el cese de toda actividad política", añadió.

ALTO EL FUEGO

La fiscal-jefe del TSJPV entendió que, "de manera acertada o desacertada desde el punto de vista político y social, aquéllos actuaron en unos momentos especialmente delicados, tanto para la sociedad vasca como para la sociedad española y con el firme propósito y voluntad de intentar la consecución de la paz".

Montes se refirió también al auto del 5 de julio de 2006 del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el que rechazó la petición de Dignidad y Justicia de impedir la celebración del 6 de julio entre el PSE-EE y representantes de la izquierda abertzale.

"En la convocatoria anunciada por parte del secretario general del PSE-EE no se observa ningún elemento que induzca a pensar que, con ello, se pretende favorecer la acción delictiva del complejo terrorista dirigido por ETA y en el que se incluye a Batasuna, sino todo lo contrario, evitar que el hecho delictivo continúe produciéndose", apuntó.

Asimismo, aludió al auto del Tribunal Supremo del 13 de noviembre de 2006 por el que se rechazó la querella por supuesta desobediencia interpuesta por Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los miembros del Consejo de ministros, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, el secretario general del PSE-EE, Patxi López, y coordinador de la Ejecutiva de los socialistas vascos, Rodolfo Ares.