MÁLAGA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga sostuvo hoy la acusación contra el alcalde socialista de la localidad malagueña de Sayalonga, José Luis Navas, por un delito contra la ordenación del territorio, al conceder una licencia en suelo no urbanizable y archivar el posterior expediente de disciplina urbanística, manteniendo en sus conclusiones finales la petición de un año de prisión y nueve de inhabilitación para el regidor.
El Juzgado de lo Penal número 11 de la capital acogió hoy la última sesión del juicio contra el alcalde y un constructor, al que el ministerio público acusa también de un delito contra la ordenación del territorio, por presuntamente construir sin licencia, para el que pidió un año de cárcel y dos años de inhabilitación especial para profesión u oficio. Las defensas instaron a la libre absolución.
El fiscal dice en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, que el alcalde dio en marzo de 2000 una licencia por decreto para una vivienda "a sabiendas" de que contravenía las normas urbanísticas vigentes, al ser el suelo no urbanizable. Hoy indicó que "no cabe" la posibilidad de confusión sobre el ordenamiento urbanístico porque "está la Ley del Suelo" y había informe en contra de un técnico.
El permiso estaba condicionado a determinados trámites que no se hicieron, aunque para la acusación el decreto de concesión "consta", por lo que entiende que la licencia "se concede". En 2005 se inician las obras, amparándose en el permiso anterior, según el fiscal, quien entiende que "está caducado", por lo que considera que se hace "sin licencia", algo que el constructor acusado "sabía".
Además, para el fiscal, en esa fecha "está vigente" la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que establece "lo que se puede construir en suelo no urbanizable". En este caso concreto, dijo que "no cabe" la construcción de una vivienda unifamiliar aislada con 205 metros cuadrados de superficie por planta, como señala en su escrito la Fiscalía.
Posteriormente, el Ayuntamiento incoa expediente de restauración de la legalidad, que meses más tarde el alcalde decide archivar "a pesar de haber hablado con el secretario municipal", que puso en el expediente "no conforme". Éste declaró hoy como testigo y aseguró que le dijo al regidor que no estaba de acuerdo con la forma del archivo y que ese "no era el cauce".
Para el fiscal, con este archivo del expediente "se consuma" o "consolida" el delito contra la ordenación del territorio, explicando que acusa de uno sólo, al entender que aunque son "dos momentos" en los que se pudo cometer la prevaricación, se trata del mismo hecho. Además, añadió que fue una actuación "contraria de manera patente y grosera" al ordenamiento jurídico.
Por su parte, la defensa del alcalde aseguró que la actuación de éste fue siguiendo siempre la "estricta legalidad" e insistió en que las obras no se autorizaron ni llegó a ser efectiva la licencia, pues quedó condicionada, aunque "se ajustaba a la ley". De hecho, precisó que el fiscal se contradice porque acusa al constructor de iniciar las obras sin licencia.
Apuntó que "fue voluntad" del promotor, distinto al constructor, el inicio de las actuaciones que "no se correspondían con el proyecto presentado" y defendió que se archivó el expediente de disciplina urbanística "para aperturar otro con todas las garantías". Éste, según el secretario, sigue abierto pero suspendido debido a esta causa penal.
Para el letrado, "no puede trasladarse al derecho penal cualquier posible irregularidad administrativa", asegurando que una condena "vulneraría principios básicos". La defensa del constructor alegó que su cliente actuó de buena fe en convencimiento de que estaba amparado por una licencia, puesto que es necesaria una declaración expresa de caducidad, que no se produjo.
