El fiscal mantiene la multa 500.000 euros para el activista antitransgénicos que quemó un campo de maíz en Lleida

LLEIDA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal mantuvo hoy la petición de 500.000 euros de multa para el activista antitransgénicos acusado de destruir en 2004 un campo experimental de maíz en Gimenells (Lleida). El Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) y la Universitat de Barcelona, que ejercen la acusación particular, decidieron renunciar a los 500.000 euros de indemnización que habían solicitado inicialmente, en un caso sin precedentes en todo el Estado español.

Durante el juicio, celebrado hoy en el Juzgado Penal número 2 de Lleida, el acusado, Albert Ferré, insistió en negar su participación en la protesta que provocó los destrozos en el campo de maíz, de titularidad pública, aunque reconoció que ese día hizo declaraciones a los medios de comunicación en contra de la modificación genética de alimentos.

El procesado considera que se quiere criminalizar la oposición a los transgénicos y que se le ha utilizado como cabeza de turco. "Creo que hay una voluntad política de que haya sentencia condenatoria", señaló en declaraciones a los periodistas.

El abogado de Ferré, Jaume Asens, aseguró que se ha escogido a su cliente "como cabeza de turco de todo el movimiento antitransgénico" porque "no se ha podido encontrar a los verdaderos autores" de la acción. Decenas de miembros del colectivo se concentraron como medida protesta a las puertas del juzgado mientras duró la vista.

Los hechos que han llevado a juicio a Albert Ferré se remontan al 3 de julio de 2004, cuando unas 70 personas participaron en la destrucción de un campo experimental de maíz transgénico propiedad de IRTA, que depende de la Generalitat.

Según Ferré, se le acusa de participar en la acción porque ese mismo día realizó unas declaraciones a TV3 en las que criticó que el campo de Gimenells estaba financiado con fondos públicos y denunciaba que la Generalitat no informaba de cuántos campos transgénicos hay ni de los peligros para el consumidor.

A pesar de que el IRTA y la Universitat de Barcelona retiraron su acusación durante la vista, el Ministerio Fiscal mantuvo su petición inicial de 500.000 euros de multa. La defensa de Ferré, que solicita su absolución basándose en la falta de pruebas, calificó la decisión como una "incongruencia", teniendo en cuenta que los afectados habían renunciado a la indemnización solicitada en un principio.

UNIÓ DE PAGESOS Y GREENPEACE APOYAN AL ACUSADO.

El sindicato Unió de Pagesos denunció a través de un comunicado que "la acusación quiere convertir el juicio contra Albert Ferré en un escarmiento y en un intento de criminalizar la lucha contra los transgénicos que llevan a cabo diferentes colectivos de Catalunya y del Estado español".

Unió de Pagesos criticó que "la Administración no proteja los cultivos ecológicos y tradicionales de la contaminación transgénica y juegue peligrosamente con la biodiversidad". A su entender "la experimentación transgénica no debe salir de los laboratorios", por lo que pidió a la Generalitat que "no autorice nuevas variedades de transgénicos y controle estrictamente las que están autorizadas".

Por su parte, Greenpeace reiteró su apoyo a Ferré y destacó en un comunicado que los campos en los que se realizaron las acciones "no cumplían la normativa de identificación y registro, pese a estar subvencionados con dinero público".

Los ecologistas señalaron que siguen manteniendo el rechazo a los transgénicos y recordaron "la imposibilidad de la coexistencia entre cultivos modificados genéticamente y cultivos no transgénicos" y "las pésimas condiciones en las cuales se cultivan las variedades modificadas genéticamente".

Tras la celebración del juicio contra Ferré, queda por conocer la fecha del juicio contra el miembro de la Asamblea Pagesa de Catalunya Josep Pàmies, al que se le acusa de protestar segando un campo de maíz transgénico y entregando una hoja reivindicativa en la sede de la Subdelegación del Gobierno central en Lleida. La Fiscalía pide dos años de cárcel para él por daños y dos más por desobediencia a la autoridad.