La fiscal mantiene su petición de hasta 12 años de cárcel para los acusados de financiar a los salafistas argelinos

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fiscal de la Audiencia Nacional Teresa Sandoval elevó hoy a definitiva su petición de penas de entre ocho y doce años y medio de cárcel para seis presuntos integrantes de una célula islamista radical que supuestamente financiaba al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC).

Los seis presuntos islamistas --Fetthi Abdallah, Fares Merazka, Salah Edinne Berkoun, Abdelkader Yettou, Abdelfatah en Naji Chenaf y Lahouri Naoum Zenagui-- están acusados de formar parte de una organización que enviaba dinero, a través de transferencias, a la sección del GSPC que lideraba 'Abou Yahie el Haitam', "la más destacada en sus acciones sanguinarias" de todas las que integran el grupo salafista. Según la Fiscalía, la célula se formó tras coincidir cuatro de ellos en la cárcel de Topas, en Salamanca.

Durante el juicio, los seis acusados negaron su implicación con actividad terrorista alguna y rechazaron ser fanáticos de la religión. "Los islamistas me cortarían a mí el primero la cabeza, porque no rezo y bebo y tomo drogas", explicó uno de ellos, Abdelkader Yettou.

Yettou aseguró que conoce al resto de los acusados, pero insistió en que no les ha visto rezar nunca. De hecho, explicó que entre 1986 y 1993 "todos" consumían cocaína, bebían cerveza y salían por discotecas. "No se puede ser toxicómano y religioso", afirmó.

Del mismo modo, el acusado de participar en la red como 'hawaladar' o encargado de transportar el dinero a Argelia para entregárselo a Kerkeb, Lahouri Naoum, explicó que el principal acusado, Fetthi Abdallah, le mandó a su cuenta 5.000 euros para que le hiciera el "favor" de llevárselos a Argelia, aunque finalmente los bajó personalmente otro compatriota.

Abdallah relató en su interrogatorio que decidió enviar así a Argelia el dinero, que iba destinado a su madre que estaba "muy enferma", porque una transferencia bancaria resultaba muy complicada. Reconoció que en el pasado practicó la delincuencia, pero explicó que tuvo con un problema en el brazo y se "retiró" de esta vida.

"AMBICIONES"

En el juicio testificaron varias personas que fueron víctimas de robos y que reconocieron sus pertenencias entre los objetos incautados por las Fuerzas de Seguridad a los acusados. Entre estos testigos compareció la madre del torero Jesulín de Ubrique, Carmen Bazan, ya que entre los robos cometidos supuestamente por los procesados se encuentra el que sufrió en su finca 'Ambiciones', situada en la localidad gaditana de Ubrique, en 2005.

La madre del diestro acudió acompañada de otro de sus hijos, Umberto Janeiro, también torero, y declaró durante breves minutos ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, despertando el interés de numerosos medios de comunicación, que la persiguieron a su salida por la calle Génova.

JUEZ RECUSADA

El juicio contra los acusados de financiar a los salafistas argelinos comenzó el día 9 de este mes, pero tuvo que iniciarse de nuevo un día después después de que una de las magistradas que compone el tribunal, Teresa Palacios, aceptara la recusación planteada por las defensas debido a que participó en la instrucción de la causa. De esta manera, tuvieron que repetirse los interrogatorios que ya se habían realizado a tres de los acusados.

La denominada 'Operación Green' comenzó en diciembre de 2005 con la detención de siete personas, entre quienes se encontraban Fetthi Abdallah, Fares Merazka, Abdelkader Yettou y Lahouri Naoum Zenagui. Un mes después, en enero de 2006, se detuvo a Abdelfatah en Naji, alias 'El Checheno', mientras que Salah Edinne Berkoun, sobre quien pesaba una orden de búsqueda por esta operación, se entregó a la Audiencia Nacional en junio de ese mismo año.

Según explica en su escrito de conclusiones provisionales el Ministerio Público, la investigación comenzó después de que se detectara una serie de robos cometidos en el sur de España, especialmente en la provincia de Cádiz, que eran realizados "en tal forma que hacía pensar que eran ejecutados por las mismas personas y que podían responder a un entramado de financiación terrorista yihadista".