MALAGA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El fiscal coordinador contra delitos urbanísticos se opone al recurso de apelación presentado por las defensas del ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y de seis ediles contra el auto del Juzgado de Penal número 5 de la capital en el que se instaba a la ejecución de la pena impuesta por el mismo juzgado por el denominado caso 'Banana Beach'. Además, se muestra contrario a la suspensión de la ejecución de la condena mientras se tramita dicho recurso y el indulto pedido al Ministerio de Justicia.
El Juzgado ha dictado una providencia, notificada hoy, en la que se da traslado de los recursos de apelación y de las solicitudes de suspensión en virtud del indulto y de dicho recurso, según informaron a Europa Press fuentes judiciales, con el fin de que se pronuncien tanto el fiscal como la acusación particular, que ejerce la que fuera primera teniente de alcalde marbellí, Isabel García Marcos, ahora imputada en la presunta trama de corrupción del Ayuntamiento.
En dicho documento, se precisa, además, que se está pendiente de las notificaciones, a través de las que se les está comunicando personalmente a los condenados la desestimación del recurso de reforma contra el auto y en las que se les da un plazo de cinco días para que ingresen voluntariamente en prisión para cumplir la pena de seis meses de prisión. Fuentes judiciales indicaron que el juez aún no ha recibido los exhortos, de forma que, una vez se conozca el resultado de los mismos "se acordará", según la providencia.
Con la oposición del fiscal al recurso de apelación y a la suspensión de la pena mientras resuelven otros tribunales, el representante del Ministerio Público mantiene la línea llevada en este asunto, ya que se opuso también al recurso de reforma presentado contra el auto en el que el juzgado ordenó la ejecución "inmediata" de la condena, tras denegar la suspensión de la misma y también su sustitución por una pena de multa, como pidieron las defensas de los acusados.
Mientras, los abogados han presentado una batería de recursos y solicitudes con el fin de paralizar la ejecución de la sentencia, de forma que, a la petición de indulto y a la apelación, se une que algunas defensas han presentado un recurso de revisión de la sentencia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por aportación de nuevos documentos. Según las fuentes consultadas por Europa Press estos recursos "no paralizan" la ejecución, salvo que se estime la suspensión solicitada.
Tanto Muñoz como los otros seis ex ediles que formaban parte de la comisión de gobierno en 1998 --Rafael González, María Luisa Alcalá, Mario Jiménez, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe --hermano de la ex alcaldesa Marisol Yagüe--, y Dolores Zurdo-- fueron condenados por un delito contra la ordenación del territorio a seis meses de prisión y ocho de inhabilitación por conceder una licencia para construir 238 viviendas, aparcamientos y locales comerciales en suelo no urbanizable. La sentencia de Penal 5 fue ratificada por la Audiencia Provincial.
Según el juez, "lo finalmente construido respondió a lo querido por el constructor y no a lo querido por el Plan para esa parcela, aún tras sus sucesivas modificaciones" y habló de que se llegó a configurar un "urbanismo a la carta". Así, dijo que existió una "patente arbitrariedad en relación a su conducta respecto al plan de 1986, que tuvieron por inexistente cuando les convino", según el juez, quien apunta que el objetivo era "poder otorgar licencias conforme a los documentos de revisión, que se modificaban continuamente, a impulsos de intereses particulares", con lo que se configuraba, según la sentencia, "el urbanismo a la carta de que hablaba el Ministerio Fiscal".
Además de esta sentencia, que ya es firme, los acusados tienen otra, aún pendiente de ratificar por la Sección Segunda de la Audiencia, de un año de prisión también por un delito urbanístico, en este caso por conceder en enero de 1999 una licencia a una empresa para construir en una parcela catalogada como suelo rústico de control según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1968.
