Rebaja por dilaciones indebidas los incidentes que se produjeron en el Ayuntamiento de Llodio (Álava) en 2003
MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El fiscal Miguel Ángel Carballo ha solicitado 15 meses de cárcel para 18 simpatizantes de Batasuna al considerar probado que, "encubriéndose en la masa" y con el objetivo de protestar por la ilegalización de la coalición 'abertzale', boicotearon la sesión constitutiva del Ayuntamiento de Llodio (Álava) que se celebró el 14 de junio de 2003.
Durante la última sesión del juicio, que esta tarde quedará visto para sentencia, el fiscal ha retirado la acusación que pesaba contra Aitor de la Torre Aramendi al no existir pruebas de que estuviera presente en la Casa Consistorial. Además, ha rebajado la petición contra el resto de acusados, que inicialmente era de tres años de cárcel, al considerar que tras nueve años de procedimiento es "irremediable" aplicar la atenuante de dilaciones indebidas.
Carballo ha defendido ante el tribunal que los hechos son constitutivos de un delito de coacciones terroristas porque los acusados, que ocuparon físicamente el lugar destinado a los cargos electos del PP exhibiendo pancartas y haciendo sonar sus silbatos, llevaron a cabo "un acto perfectamente organizado para impedir que se celebrara el Pleno y tomaran posesión los concejales".
Tras admitir que los actos enjuiciados "pueden estar rozando esta calificación o no", el representante del Ministerio Público ha dado a la Sección Primera de la Sala de lo Penal la alternativa de condenar a los acusados a cinco meses de cárcel por un delito contra Altos Organismos de la Nación.
NO ERAN "REPRESENTANTES LEGÍTIMOS"
Según el fiscal, los acusados acudieron al Pleno siguiendo las directrices del alcalde saliente, Pablo Gorostiaga, elegido por Herri Batasuna (HB) y condenado en mayo de 2009 por el Tribunal Supremo a siete años y ocho meses de prisión por colaborar con la organización terrorista ETA a través de las organizaciones KAS, EKIN y XAKI.
Unos días antes de la celebración de la sesión plenaria Gorostiaga escribió un bando en el que animaba al "pueblo" a protestar por la ilegalización de Batasuna, dictada tres meses antes por el Supremo, ocupando el lugar destinado a los concejales del PP, a los que, según ha subrayado el fiscal, no consideraba "representantes legítimos" del municipio.
Durante su intervención ante el tribunal, el fiscal también ha criticado que los acusados culparan a los ediles del PP y sus escoltas de entrar en el Salón de Plenos empujando a los vecinos. Así, ha resumido su actitud con una frase: "No te pongas donde te corresponde, no te dejo hablar, sal por la puerta de atrás y, si no aceptas, eres un provocador".
También ha censurado que el día de los hechos el alcalde entrante, Jon Kepa Menoyo (PNV), no ordenara actuar a la Policía Local y declarara ante el tribunal que él no vio que se produjeran "gritos ni empujones". "No dice la verdad en absoluto", ha señalado el fiscal, quien, sin embargo, no ha pedido al tribunal que dedujera testimonio contra el testigo. A su juicio, el "vacío de poder" entre el regidor entrante y el saliente "permitió la comisión del delito".
"UNA JAURÍA HUMANA"
Al igual que la Fiscalía, las acusaciones particulares --que ejercen los representantes del PP Santiago Abascal Conde, Rosa María Torres, Montserrat Canive, Esaú Martín, Carlos Urquijo, Santiago Abascal Escuza y Francisco Javier Mosquera-- han retirado la acusación contra De la Torre Aramendi, que ha abandonado el banquillo de los acusados y ocupado un lugar entre el público.
El letrado Javier Ortega ha defendido que el Pleno se desarrolló "en medio de una guerra y en una situación dantesca", por lo que ha pedido entre uno y seis años y medio de cárcel para los otros 18 acusados por coacciones terroristas, atentado y delito contra las instituciones del Estado. "Los hechos forman parte de la estrategia del miedo y de la coacción", ha dicho. La otra letrada de la acusación particular, Laura García, ha pedido entre uno y cinco años para los acusados, a los que ha calificado de "jauría humana".
Por su parte, las defensas han solicitado la libre absolución de sus representados argumentando que en el vídeo de la sesión plenaria "no se ve ni el más mínimo amago de agresión" y que, como manifestó el fiscal, cuyo informe han calificado de "magnífico", los hechos no pueden ser constitutivos de un delito de coacciones terroristas.
El fiscal relataba en su escrito de acusación que la actuación de los procesados provocó la suspensión de la sesión plenaria, ya que ejercieron el "amedrentamiento" y la "coacción verbal y física" sobre los candidatos electos, a los que "no dudaron en escupir, insultar a grandes gritos y amenazar" para tratar de impedir que ocuparan su lugar en el Salón de Plenos.
Los acusados son Ángel Benito Sáez, Gaizka Amorrortu Bóveda, Alfredo Remírez Marañón, Asier Barruetabeña Berganza, Beñat Mendiguren Goscaya, Aitor Basterra Ibarrola, Iker Roiz Plaza, Ohiana Gomara Picaza, Carmelo Serrano Martínez, Saioa Ugarriza Olabarria, Jon Ander Altube Lazcano, Eulalia Aramendi Bilbao, Aitor Goikoetxea Vivaracho, Kepa Garrote Intxaurraga, Urtzi Goitia González, Miguel Ángel Maté Maté, Jesús María Gómez López y Oier Amorrortu Licerazu.
LOS DEL PP "ENTRARON A GOLPES"
En su declaración ante el tribunal, la mayoría de ellos aseguró que sólo pretendían denunciar la exclusión de Batasuna de las elecciones locales. También añadieron que los electos y sus escoltas "entraron a golpes" en el Salón de Plenos.
Además de los delitos señalados, el fiscal solicita multas de 1.200 euros para Oier Amorrortu, Aitor Goikoetxea, Urtzi Goitia y Beñat Mendiguren por una falta de lesiones, a lo que hay que añadir otros 300 por cabeza en concepto de responsabilidad civil. Las acusaciones particulares piden entre uno y seis años de cárcel.
Amorrortu, según el escrito de acusación del fiscal, lanzó "patadas y puñetazos" a Abascal Escuza, le escupió e incluso fuera del Consistorio le dirigió la expresión "pim, pam, pum", en "clara amenaza terrorista". También reclama multas de 600 euros para Alfredo Remírez, Iker Roig y Carmelo Serrano por otras tantas agresiones sin lesiones y de 180 euros para Miguel Ángel Maté y Jesús María Gómez por una falta de agresión intentada.
