CIUDAD REAL, 17 Oct. (EUROPA PRESS)
El Ministerio Fiscal solicitó hoy 26 años de prisión por los delitos de asesinato, robo con violencia en concurso con allanamiento de morada y tenencia ilícita de armas para dos hombres de Ciudad Real, de etnia gitana, Miguel Silva y José Amador de Cádiz, acusados de matar a un joven de la misma etnia al que conocían, Manuel Utrera, de 18 años, hechos que ocurrieron en la casa de éste en Puertollano (Ciudad Real) el 23 de abril de 2003.
En la primera sesión de la vista oral, que se celebra a partir de hoy y hasta el viernes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial bajo importantes medidas de seguridad, la acusación particular elevó su petición de pena a 28 años para cada uno de los procesados por esos delitos, mientras las defensas solicitaron la absolución de sus clientes.
Durante la sesión, los acusados se acogieron a su derecho constitucional de no declarar, a excepción de Silva, que sí respondió a las preguntas de su abogado defensor, negando en todo momento que hubiera estado en la casa de los Utrera en Puertollano el día del crimen y reconociendo que era consumidor de drogas de todo tipo en aquel tiempo.
Ante esta actitud, las partes se acogieron a lo declarado por ambos ante el juzgado. En el caso de Amador de Cádiz, reconoció que estuvo en la casa ese día, según él, con la intención de vender una escopeta a Utrera, arma que se disparó por casualidad, sin que mediara intención de matar ni de robar.
Por el contrario, según el relato de los hechos del fiscal, ese día 23 de abril, Silva y Amador de Cádiz se presentaron en la casa de los Utrera, pertrechados de una pistola y una escopeta de cañones recortados, con la intención de robar, para lo que se cubrieron las manos con unos calcetines y la cara con unas mangas cortadas de unos jerseys.
A continuación, con un botín de poco más de 600 euros en joyas, salieron corriendo a toda velocidad hasta su coche, con el que se trasladaron a Ciudad Real, hacia el barrio de San Martín de Porres, donde residen, siendo allí detenidos por la Policía.
LLAMADAS TELEFÓNICAS.
En la sesión, por otro lado, se visionó un vídeo de las declaraciones ante el juzgado de otra persona que estaba con Utrera en la casa y que, según dijo, aunque se hallaba en otra habitación oyó como Utrera les dijo que les iba a dar lo que le pedían y que conocía a Silva, tras lo cual sonó el disparo que acabó con su vida.
Durante el primer día de juicio, declaró también Ramón Fernández Pozuelo, que estuvo nueve meses en prisión acusado del crimen hasta que fueron imputados definitivamente Silva y Pozuelo, que señaló que varias amistades y su familia, su hermana separada de Silva, le habían indicado que ellos dos eran los responsables de la muerte del joven de Puertollano.
En el transcurso del interrogatorio, se dieron a conocer llamadas telefónicas de Fernández Pozuelo en la cárcel, en las que sus interlocutores le instaban a que contara lo que sabía sobre lo sucedido para que él saliera de la cárcel y "no se comiera el marrón".
Aunque no se verá en este juicio, esta situación de acusaciones mutuas sobre la autoría del crimen de Puertollano entre miembros de clanes gitanos de la capital, pudo derivar en el doble crimen de la barriada de San Martín de Porres, el 31 de julio de 2003, en el que murieron el padre y un hermano de Fernández Pozuelo, hechos por los que están detenidos los padres de Silva, José y Manuela.
Por su lado, un testigo protegido dijo ver salir de un coche a dos jóvenes, tapados manos y cara con una especie de pasamontañas, y dirigirse a la casa de los Utrera, con una pistola, tras lo que oyó un disparo en la casa.