Actualizado 28/06/2007 18:22 CET

El fiscal pide 29 años de cárcel para "Kantauri", que llamó "circo" al tribunal, por entregar armas al "comando Galicia"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, elevó hoy a definitiva su petición de 29 años de cárcel para el ex dirigente de ETA José Javier Arizcuren Ruiz, alias "Kantauri", que fue juzgado como autor de dos delitos de depósito de armas y tres delitos continuados de falsificación en documento oficial relacionados con el "comando Galicia" de ETA, a quien éste daba instrucciones a mediados de los años 90. El terrorista se negó a declarar ante el tribunal en el juicio, al que calificó de "circo".

La declaración de "Kantauri" ante la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional se demoró unos minutos en espera de que llegara al juicio la intérprete de euskera, que estaba desarrollando su labor en otro juicio. Tras contar con traductor, el procesado se identificó como militante de ETA y añadió que por ello no podía "tomar parte en este circo", en alusión a la vista oral.

Kantauri añadió que no pensaba contestar a ninguna pregunta, ni siquiera a las que pudiera formular su abogada, a la que ordenó que no expusiera ni siquiera un alegato de defensa.

Durante la sesión fueron interrogados, como testigos, los miembros del "Comando Galicia" Carlos Emilio Cristóbal Martínez, Arantxa Garbayo y Aitor Fresnedo, quienes dijeron no acordarse de las declaraciones judiciales en las que identificaron a Arizcuren Ruiz como el miembro de la dirección que les hizo entrega de diversa documentación falsa y armas en el sur de Francia. Todos coincidieron en que habían conocido a "Kantauri" en prisión.

Durante la exposición de su informe final, el fiscal Santos afirmó que las pruebas policiales obrantes en la causa acreditan que "Kantauri" decidió que los tres miembros del "Comando Galicia" se trasladaran a esta comunidad autónoma para recabar informaciones sobre posibles objetivos y llevar a cabo atentados contra instalaciones militares, magistrados, empresarios, funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de Prisiones etc.

Como objetivo inmediato, Arizcuren ordenó el asesinato de Fraga "dada su significación política y por haber sido ministro con el anterior Régimen", según el fiscal, que reconoció que no podía acusar al procesado de este hecho en concreto porque así lo determinaba el decreto de extradición dictado en su día por las autoridades francesas.