El fiscal pide 30 años de cárcel para el etarra 'Kantauri' por ordenar el asesinato del abogado Fernando Múgica

La viuda del letrado acusa de "soberbio e indocumentado" a Zapatero por "utilizar una semántica confusa" en materia antiterrorista

Europa Press Nacional
Actualizado: viernes, 29 junio 2007 17:15

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, solicitó hoy al tribunal que condene a 30 años de cárcel para el miembro de la organización terrorista ETA José Javier Arizcuren Ruiz, alias 'Kantauri', por ordenar el asesinato del abogado socialista Fernando Múgica, cometido el 6 de febrero de 1996 en San Sebastián por el entonces integrante del 'comando Donosti' Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote'.

El representante del Ministerio Público también reclamó en su informe definitivo de calificaciones que se prohíba al etarra volver a San Sebastián o al lugar de residencia de la viuda e hijos del asesinado por un plazo de seis años desde la extinción de la pena privativa de libertad que le sea finalmente impuesta, así como el pago de una indemnización de 300.506 euros a la familia del asesinado.

Durante la vista, que se desarrolló ante la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, Santos defendió que los planes de 'Kantauri' fueron comunicados en Francia por Juan Luis Aguirre Lete, 'Insunza', a los miembros del 'Comando Donosti', que integraban en aquella época Valentín Lasarte, José Luis Geresta e Irantzu Gallastegui, 'Amaia'. Según la información facilitada por Aguirre, Arizcuren Ruiz quería que el asesinato de Múgica se produjera en febrero de 1996 para no coincidir con la campaña electoral de ese año.

El acusado se negó a declarar ante el tribunal, mientras que su defensa rechazó la posibilidad de hacer preguntas durante todo el procedimiento y se limitó a reclamar la libre absolución de su defendido.

LA VIUDA DE MÚGICA: "ZAPATERO ES UN INDOCUMENTADO"

Entre el público que asistió a la vista se encontraba una representación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la viuda de Fernando Múgica, María del Carmen de las Heras, quien aprovechó la ocasión para criticar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que calificó de "soberbio, indocumentado y mal asesorado" por "utilizar una semántica confusa" en materia antiterrorista y tratar "de tontos" a las víctimas.

De las Heras defendió que para luchar contra el terrorismo "sólo hay dos caminos". "Uno es el bueno, que es el de las víctimas, y otro es el malo, que es el de pactar con los asesinos de nuestros familiares, lo cual no hacía falta", explicó. "Zapatero quiere pasar a la historia como el príncipe de una paz que no existe", apostilló.

En relación con el desarrollo del juicio, aseguró que, a pesar de lo "desagradable" y "dura" de la situación, "no podría haber estado en otro lugar en este momento". "Le he reconocido y le he mantenido la mirada", señaló en referencia a 'Kantauri'.

LASARTE: "MÚGICA TENÍA MUCHO PESO EN EL PSOE"

El etarra Valentín Lasarte, ya condenado por el asesinato de Fernando Múgica, compareció en la vista como testigo y admitió que el 'comando Donosti' recibió la orden de asesinar a Múgica porque "tenía mucho peso en el PSOE, había ejercido labores de intermediación con la organización y les había engañado y estaba relacionado con la mafia de Intxaurrondo y con el contrabando". No obstante, Lasarte aseguró "no recordar" si fue 'Kantauri' el que ordenó la comisión del atentado y añadió que él no le conocía por este sobrenombre, sino por el de 'Josetxu'.

También tomó la palabra como testigo Juan Luis Aguirre Lete, condenado por estos hechos a 30 años de prisión. Durante su testimonio, reconoció haber podido dar instrucciones al 'comando' sobre posibles actuaciones aunque negó que estas provinieran de 'Kantauri'. "Él no era quien daba las órdenes", señaló antes de apuntar que "nadie" en la organización le "dijo que hubiera que matar a Múgica".

'Txapote' y 'Amaia', condenados por la Audiencia Nacional a 82 años de prisión por el asesinato del letrado, se negaron a declarar durante el procedimiento, que en el caso del primero se realizó por videoconferencia desde la prisión francesa en la que cumple condena.

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