El fiscal pide dos años y tres meses de cárcel para Bartomeu y más de siete para Rosell

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) - La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado penas de dos años y tres meses de cárcel para el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu; y de siete años y medio para su antecesor Sandro Rosell por un fraude fiscal de más de 13 millones de euros que presuntamente habrían cometido en el fichaje del delantero brasileño Neymar. Además, reclama para los dos mandatarios y para el club como persona jurídica multas e indemnizaciones por responsabilidad civil que superan los 62,6 millones de euros. En un escrito remitido este lunes al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el fiscal José Perals atribuye a Bartomeu un delito fiscal supuestamente cometido en 2014 y pide para él una multa de 3,8 millones de euros, mientras que acusa a Rosell de dos delitos fiscales cometidos en los años 2011 y 2013 --por los que pide sendas multas que ascienden a 25,1 millones-- así como un delito societario. Al Barça como persona jurídica le imputa los tres delitos contra la Hacienda Pública atribuidos a sus dirigentes y reclama que pague multas por valor de 22,2 millones de euros, a razón de 4,8 por lo que dejó de tributar en 2011; 13,5 por los impagos correspondientes a 2013; y 3,8 por los relativos al ejercicio fiscal de 2014. En concepto de la responsabilidad civil que podría aplicárseles al dictar la sentencia, el Ministerio Público reclama que el Barça y Rosell paguen una indemnización de 9,5 millones de euros y que el club y Bartomeu abonen por el mismo concepto otros 1,9 millones. RECARGO POR PAGAR FUERA DE PLAZO El fiscal señala que a estas cantidades deberán sumarse los recargos por "ingreso extemporáneo" que correspondan aunque estas cuantías se compensarán con los 13,5 millones de euros que el Fútbol Club Barcelona abonó el pasado 24 de febrero al presentar una declaración complementaria. Además, solicita a la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, que emita un informe para determinar si deben reclamarse los recargos por pago fuera de plazo que corresponden a las cuotas impagadas en los años 2011, 2013 y 2014 y, en ese caso, que sean cuantificadas. Además, pide que los auditores de Deloitte que revisaron las cuentas del club en este periodo comparezcan en el juicio como testigos. El juez Ruz, que transformó el pasado 13 de marzo las actuaciones en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, cifró el gasto total que el club realizó para el fichaje de Neymar en 83,3 millones de euros, en contra de lo defendido por Rosell, que cifró la operación en 57,1 millones. La Fiscalía de la Audiencia Nacional elevó el coste del traspaso a 94,8 millones de euros al incorporar los 13,5 millones de euros que el Barça abonó en febrero de 2014 a la Agencia Tributaria al presentar una declaración complementaria. "PERJUICIO ECONÓMICO AL CLUB" La Fiscalía destaca que las cifras reales del fichaje fueron "ocultadas" por Rosell a la Asamblea General del Barça, lo que "ocasionó un perjuicio económico al club al no incluir en la contabilidad como activo al inmovilizado intangible deportivo las cantidades reales de adquisición del jugador". El expresidente simuló "operaciones que no tenían como base una relación mercantil real" e ideó una operación para que el club "eludiera o minorara de forma subrepticia la tributación a la Hacienda Pública a que venía compelido como obligado tributario". Rosell y Bartomeu llevaron a cabo esta operación para asegurarse el fichaje del futbolista, que tenía contrato con el Santos hasta 2014, y adelantar el fichaje a 2013. Ambos habían llegado a un acuerdo en 2011 con la empresa del padre de Neymar, propietaria de sus derechos desde 2014, para adquirir la propiedad del futbolista y otro que se denominó "de préstamo" por el que se adelantaba una remuneración al jugador de diez millones de euros. Por este pago debería haber pagado a Hacienda 2,4 millones de euros. UNA DECENA DE CONTRATOS EN 2013 En 2013, y para evitar que Neymar pudiera sortear el compromiso pactado, Rosell buscó un acuerdo con el Santos para adquirir sus derechos federativos, lo que tuvo un coste de 17,1 millones de euros. Sin embargo, firmó con el club brasileño otros tres contratos: 7,9 millones por un convenio de colaboración con el fútbol base, 4,5 millones como contrapartida de un partido amistoso que no se ha celebrado y la participación del Santos en el Trofeo Joan Gamper. Además, Rosell y Bartomeu enviaron una carta el 31 de mayo de 2013 al presidente del Santos en la que se comprometían a abonar otros 2 millones si Neymar era elegido entre los tres finalistas al mejor jugador de la FIFA. A estos contratos se sumaron otros siete con Neymar y las sociedades de su padre por los que se rescindieron los dos acuerdos suscritos en 2011 y se añadieron otros cinco: 8,5 millones como contrato de trabajo; 1,5 millones en concepto de imagen, 649.985 euros en gastos de representación y gestión del agente del futbolista (su padre, que se llevó un 5 por ciento de todos los contratos); 2 millones por el seguimiento de jugadores (400.000 euros durante cinco años) y 4 millones por labores de "agencia" (contratos de publicidad con empresas brasileñas por el que se abonaron dos pagos de 602.000 y 198.000 euros en 2013). Por todas estas operaciones el Barça debería haber pagado 6,7 millones de euros. En 2014 el Barça realizó otro pago de cinco millones de euros a la sociedad del padre de Neymar que formaba parte de la indemnización de 40 millones de euros que se pagó al padre del futbolista para adelantar el fichaje. En este caso el presunto fraude fiscal ascendería a 3,8 millones de euros, ya que el club debería haber tributado al 52 por ciento por tratarse de una renta del trabajo imputable a un residente en España. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 investiga el fichaje de Neymar desde el 22 de enero de 2014, día en el que admitió a trámite una querella presentada por el socio del Barça Jordi Cases contra el entonces presidente de la entidad Sandro Rosell, quien se vio obligado a presentar su dimisión un día después.

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