El fiscal pide una pena de entre 22 y 32 años de cárcel para los presuntos salafistas detenidos en Barcelona en 2003

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira pidió hoy a la Sección Primera de lo Penal de este tribunal una condena de entre 22 y 32 años de prisión para los seis presuntos integrantes de una célula terrorista islamista perteneciente a la denominada corriente salafista, conocida como 'comando Dixan', al considerar que existen "evidentes" indicios que acreditan que el grupo prestó apoyo logístico y de infraestructura a otra célula terrorista desarticulada en diciembre de 2002 en Francia.

El representante del Ministerio Fiscal elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, al considerar que los acusados, detenidos a principio de 2003 en Barcelona, disponían en diversos domicilios de materiales que servían para fabricar "napalm casero", así como de un teléfono móvil de la marca Trium con dos orificios efectuados en la parte superior para ser utilizado para activar explosivos, como los empleados en el atentado de 2002 en Bali (Indonesia) y en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

En concreto, el fiscal pidió a la Sala que condene a 32 años de cárcel al presunto líder del grupo, el argelino Mohamed Taharaoui, por conspirar para cometer delito de terrorismo, pertenencia a banda armada, tenencia de explosivos y falsificación de documento público. Para los también argelinos Smail Boudjelthi, Alí Kaouka, Souhil Kaouka, Mohmaed Nebbar y Mohamed Amine Benaoura, el fiscal reclamó una pena de 22 años de prisión por pertenencia, tenencia de explosivos y falsificación.

En su informe, el fiscal Rubira expuso que cuando las autoridades francesas desarticularon el 16 de diciembre de 2002 la célula terrorista francesa, constituida por Merouane Benahmed, considerado "el químico" o "el artificiero", los procesados comenzaron a realizar "una serie de actos extraños" y a "tirar efectos", como documentos relacionados con Said Mohamed Arif, otro de los detenidos en París.

BIDONES DE PLÁSTICO.

El fiscal se refirió para corroborar esta afirmación en la pericial practicada por los policías nacionales que estaban vigilando a los procesados, meses antes de que se produjeran los hechos. Horas después de la operación policial en Francia, los agentes observaron al miembro del grupo Boudjejthi que depositaba en un contenedor de basura dos bidones de plástico, uno de color blanco y otro metálico, que contenían líquido.

Un día después, esta persona arrojó al mismo contenedor una bolsa que contenía una botella de plástico transparente con un dibujo de una calavera hecho con bolígrafo en la parte superior, donde se guardaba un líquido viscoso de color azul oscuro.

En su exposición, el fiscal recordó que estas sustancias fueron analizadas por el laboratorio químico del FBI "que determinó que si el líquido inflamable, derivado del petróleo, hallado en el bidón que tenía las palabras "Finish kare", se mezcla con el material hallado en la botella de plástico, que se trata de un líquido compuesto sobre todo por estileno, el resultado es un producto conocido como 'napalm casero'".

A pesar de que los procesados negaron que los elementos químicos fuesen para fabricar "napalm casero", el fiscal insistió en que "se aprovecharon de lo que es legal para realizar alteraciones, como en el móvil para activar explosivos". "Toda esta actividad tiene finalidad terrorista porque ayuda o pertenece a una estructura terrorista", subrayó.

"ENEMIGOS DE NUESTRA SOCIEDAD".

El abogado Sebastián Salellas pidió la libre absolución de los seis acusados, al entender que "no existe prueba alguna porque no han realizado actividad terrorista alguna". El letrado recordó que la causa fue archivada por falta de pruebas, pero se reabrió a raíz del informe del FBI, que, según dijo, "no incluye el napalm casero en ningún lado".

"Son ciudadanos que han sido convertidos en enemigos de nuestra sociedad", sostuvo Salellas, que apuntó que precisamente se les denominó "satíricamente" como 'comando Dixan' porque la investigación policial determinó que las sustancias incautadas en diversos domicilios eran productos domésticos.

Los propios procesados aseguraron el pasado 30 de octubre que utilizaban las sustancias que se les incautaron en su trabajo en una empresa de fabricación y limpieza de piscinas. Jamel Boudjelthi y Ali Kaouka sostuvieron que en diciembre de 2002, cuando supuestamente ocurrieron estos hechos, utilizaron uno de los líquidos para limpiar y arreglar una bañera de su domicilio.