MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo solicitó hoy el ingreso en prisión provisional de los miembros de ETA David Pla, Aitor Lorente y Ainara Esterán como presuntos responsables de recopilar la información que permitió el asesinato del senador del PP Manuel Giménez Abad, cometido el 6 de mayo de 2001. Pla y Lorente terminan de cumplir condena por su pertenencia a la banda terrorista el próximo 25 de julio, por lo que su implicación en este crimen evitará su puesta en libertad.
Los tres terroristas prestaron hoy declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, ante quien negaron los hechos, informaron fuentes jurídicas.
El magistrado, que resolverá sobre la petición del fiscal mañana, según las mismas fuentes, los había citado tras reabrir el sumario por el asesinato del senador popular, después de encontrar nuevos indicios que les vinculan con la elaboración de la información que hizo posible el crimen.
Pedraz dirige el procedimiento contra Pla, Lorente, Esterán y también implica en los hechos a la miembro de ETA presa en Francia Ainara Esterán. La reapertura del caso se acordó a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que posee indicios de que los cuatro terroristas citados integraban presuntamente un comando de información que actuó en Zaragoza durante el año 2000, recopilando datos sobre el senador del PP y sobre otros políticos aragoneses.
La información que recopilaban fue trasladada a Francia y sirvió para la perpetración del asesinato de Manuel Giménez Abad, circunstancia que ha sido conocida recientemente en virtud de comunicación de las autoridades judiciales francesas tras el análisis de los ordenadores incautados con motivo de la detención del miembro de ETA Ibon Fernández Iradi, alias "Susper", informó esta semana la Fiscalía.
Lorente y Pla fueron detenidos en el otoño de 2000. En junio de 2001, el fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Caballero y las defensas de los dos integrantes del "comando Zaragoza" de ETA alcanzaron un acuerdo de conformidad para la imposición a cada uno de ellos de una pena de seis años de cárcel por el delito de pertenencia a banda armada.
Las defensas de los acusados aceptaron la imposición de esta pena, que supuso una rebaja de cinco años respecto a la petición inicial del Ministerio Público, que solicitaba 11 años de cárcel para Lorente y Martín, ocho por pertenencia a banda armada y otros tres por falsificación de documento oficial.
