MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
La fiscal del Tribunal Supremo pidió hoy a la Sala Penal que confirme las penas de entre 6 y 14 años de cárcel a las que fueron condenados por la Audiencia Nacional nueve responsables de la estructura político-militar del GRAPO y que ratifique la ilicitud y la disolución del Partido Comunista de España Reconstituido --PCE (r)-- por ser el brazo político de esta organización, como acordó el tribunal de instancia.
Durante una vista celebrada hoy en el Supremo, la fiscal pidió el rechazo de todos los recursos de casación presentados por las defensas de los condenados, al considerar probada su "integración" en el organización terrorista, ya que, aunque en algunos casos mantenían una "colaboración episódica" con los GRAPO, "se dan las circunstancias de permanencia en la organización y aceptación de sus fines y resultados", según defendió.
La sentencia condenó a 14 años de prisión a Jesús Merino del Viejo, alias "Ernesto", "Lorca" y "Jordi", por integración en organización terrorista, falsificación de documentos oficiales y tenencia ilícita de armas. También fueron condenados Aurora Cayetano Navarro y Yolanda Fernández Caparrós (11 años de cárcel por los dos primeros delitos); Carmen Muñoz Martínez y Leoncio Calcerrada (10 años y 9 meses de cárcel); Carmen López Anguita (8 años y 9 meses); e Israel Monleón (7 años y 10 meses).
Asimismo, la Audiencia Nacional condenó a Francisco Javier García Victoria y Juan Carlos Matas Arroyo a seis años de prisión por integración en organización terrorista.
DECLARACIÓN DE UN AGENTE ENCUBIERTO
Los letrados de la defensa --a excepción del de Israel Monleón, que no compareció en la vista-- cuestionaron la validez del testimonio durante el juicio oral de "un agente encubierto" de la Guardia Civil que compartió vivienda con Jesús Merino del Viejo, al considerar que su autorización judicial se realizó de forma "tardía".
La representante del Ministerio Público defendió que el auto de autorización judicial a este agente se dictó en julio de 2002, antes de que se llevaran a cabo las detenciones, por lo que no se vulneraron los derechos fundamentales de los condenados. Asimismo, indicó que desde 1997 este integrante del instituto armado venía realizando "labores de investigación y aproximación" a la organización y que posteriormente recibió el mandato judicial.
Durante la vista, que se prolongó durante casi dos horas, las defensas también restaron crédito a la prueba pericial utilizada durante el juicio para justificar los delitos de falsificación de documento público, al indicar que se trataba de fotocopias en color de los documentos nacionales de identidad (DNI) de los condenados, que fueron hallados en el domicilio que ocupaban en París Marcos Regueira Fernández y Belén López Calderón, que formaban parte de la cúpula de la organización en Francia.
La fiscal recordó que las fotocopias de los DNIs fueron enviadas en comisión rogatoria y que se corresponden con los originales incautados en Francia, lo que les dota, según explicó, de plenas garantías jurídicas. Asimismo, rechazó que las fotografías con las que se confeccionaron los documentos de identidad pudieran haber sido enviadas por otras personas, como defendieron los abogados defensores.
"EL PARTIDO DIRIGE EL FUSIL"
Los magistrados Siro García, que actuará como ponente, Manuel Marchena y Joaquín Delgado tendrán que decidir si confirman o casan la sentencia de la Audiencia Nacional, que declaró probado que "el partido es quien dirige al fusil", en referencia a la relación entre el PCE (r) y los GRAPO.
La resolución también defendía que el PCE (r), suspendido de actividades en marzo de 2003 por orden del juez Baltasar Garzón, asegura "la conexión entre la guerrilla y el movimiento político de masas", mediante "la incorporación de la juventud antifascista a sus filas y nutriéndolas de comunistas experimentados y firmes".
Según esta sentencia, el PCE(r) es la rama política del grupo terrorista y está encargado de fijar la táctica y estrategia de la lucha armada, eligiendo objetivos, consiguiendo la infraestructura y recursos económicos, escogiendo los responsables de las acciones armadas, así como la composición de los autodenominados 'comandos militares'.
