MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira pidió hoy a la Sección Segunda de lo Penal que condene a 10 años de prisión al argelino Ahmed Brahim por un delito de pertenencia a la organización terrorista islamista Al Qaeda, al considerar acreditado que creó páginas web para difundir 'fatwas de la muerte' (decretos religiosos), dictadas por los cabecillas de Al Qaeda.
El representante del Ministerio Público elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que mantiene que los elementos informáticos incautados en el registro del domicilio de Brahim, ubicado en San Juan Despí (Barcelona), por valor de 42.000 euros, servían para dar a conocer a todo el mundo a través de Internet las 'fatwas de la muerte' de los "sheikhs del despertar" (líderes de Al Qaeda), con las que la organización terrorista pretende justificar los atentados terroristas que comete.
El abogado de la defensa Sebastiá Salellas realizó una leve modificación de sus conclusiones, en las que solicitó al tribunal la nulidad de las conversaciones telefónicas intervenidas al acusado y de los informes de los peritos relativos a los 22 CD's aprehendidos durante el registro por "no haber sido transcritos al español ni puestos a disposición" de la Sección Segunda.
El fiscal atribuye a Brahim la creación de páginas webs, una para cada cabecilla de la red terrorista, desde la que se podía acceder a los discursos de cada uno de ellos y se podía comprar material o consultar la agenda de acontecimientos.
Rubira defendió ante el tribunal las acusaciones que contiene su escrito de calificación, en el que sostiene que Al Qaeda, "para justificar las acciones terroristas islamistas ideó el proyecto de crear una página web en Internet con la finalidad de divulgar las 'fatwas' y de esta manera, adoctrinar y captar en todo el mundo a personas principalmente musulmanas, que estuvieran dispuestas a convertirse en mártires".
PROYECTO DE DIVULGACIÓN
El fiscal Rubira afirma que Ahmed Brahim mantuvo una reunión entre los días 26 y 30 de mayo de 1998 en su domicilio de Palma de Mallorca con el miembro del Consejo de la Shura (consejeros espirituales de Al Qaeda) Mahmoud Mahmoum Salim, alias "Abu Hajer", extraditado por Alemania a Estados Unidos.
Brahim también se reunió con el cabecilla de Al Qaeda Hasan Al-Homaid "con la finalidad de estudiar la viabilidad del 'Proyecto de Divulgación'" y en dicho encuentro, además, "es factible que se aprobara la 'fatwa' que justificaba la comisión del atentado que dos meses después se cometería en Africa" contra las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania, hechos por los que Al Qaeda también dio a conocer una "fatwa". Brahim está relacionado con Hamad M.A. Ghamas, quien está vinculado a dos de los lugartenientes de Osama Bin Laden.
Entre el 9 y el 13 de septiembre de 1998, Brahim mantuvo una segunda reunión, esta vez en su domicilio en San Juan Despí, con Mahmoum, Ghamas y Hasan al-Homaid, para ampliar el "Proyecto de Divulgación". Para ello recibió 22 CDs del sheik Salman Al-Ouda, íntimo colaborador de Bin Laden.
JUICIO CON GARANTÍAS
Ante la Sección Segunda, el abogado de la defensa realizó una leve modificación de sus conclusiones, amparándose en el artículo 24 de la Constitución, en el que se establece el derecho a un juicio con todas las garantías. En este sentido, el letrado solicitó la nulidad de las conversaciones telefónicas intervenidas al acusado, así como las transcripciones de éstas que aparecen en los autos, al alegar que "no tienen garantías según exige la jurisprudencia".
Asimismo, reclamó al tribunal anular los informes de los peritos relativos a los 22 CD's aprehendidos durante el registro por "no haber sido transcritos al español ni puestos a disposición" de la Sección Segunda. También pidió la nulidad de los folios que recogen un documento del FBI, donde no hay constancia de "fuente, autor ni fecha".
Además, consideró nulas las declaraciones de "Abu Hajer" en diversas comisiones rogatorias internacionales, entre ellas las efectuadas en Estados Unidos, Alemania y Arabia Saudita, por "no realizarse con garantías y con la presencia de un abogado". Por último, solicitó que se excluyan los informes que incluyen un vídeo intervenido en el domicilio de Brahim, el cual "no fue puesto a disposición del tribunal".