MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota ha rechazado el intento de once ex responsables de Batasuna de librarse del banquillo de los acusados en el juicio más importante que tiene pendiente la izquierda abertzale. En concreto, se ha opuesto a la teoría de siete de ellos que alegaron que ya han sido juzgados por los hechos que ahora se les imputan y ha defendido que nunca hasta ahora han sido enjuiciados por formar parte de la organización ilegalizada.
Del resto de procesados que han presentado un recurso de previo pronunciamiento ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, defendido este martes en vista pública, tres han argumentado que los delitos que se les atribuyen habrían prescrito, mientras que la defensa del cuarto, Karmelo Landa, ha explicado que no se puede proceder en su contra porque los hechos que se le imputan habrían sido cometidos cuando era parlamentario europeo y, por tanto, gozaba de inmunidad.
Mientras tanto, los principales imputados en este procedimiento, en el que se enjuicia la presunta subordinación de la formación ilegalizada a la banda terrorista y su financiación a través de las denominadas 'herriko tabernas', Arnaldo Otegi, Rufino Etxebarria y Joseba Permach, no se han sumado a estos recursos. Los 40 encausados se enfrentan a penas de entre ocho y 12 años de cárcel por colaboración o integración en organización terrorista.
"EL JUICIO DE HB ES ESTE"
En respuesta a la mayoría de los recurrentes, que alegaban 'cosa juzgada', el representante del Ministerio Público ha recordado que no hay "ninguna sentencia" en la que los siete aparezcan "condenados como miembros de Herri Batasuna y enjuiciados por crear ese entramado institucional". "El juicio de Herri Batasuna es éste y no otro", ha remachado.
González Mota respondía así a la defensa de los procesados Juan Carlos Rodríguez González, Mikel Arregi Urrutia, Juan Pedro Plaza, Florencio Aoiz, Adolfo Araiz Flamarique, José Luis Elkoro Unamuno y Joseba Cortázar, cuyos abogados han sostenido que no pueden ser llevados a juicio porque ya fueron procesados por los hechos que ahora se le atribuyen.
En concreto, los abogados de los seis primeros se han referido al juicio celebrado en 1997 contra 23 miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna y en el que el Tribunal Supremo les condenó a siete años de cárcel, aunque posteriormente el Tribunal Constitucional les otorgó el amparo y fueron finalmente absueltos en 1999.
Sin embargo, el fiscal ha defendido que ambos procedimientos tenían objetos diferentes, ya que en 1997 lo que se enjuició fue la cesión por parte de HB a ETA de espacios electorales gratuitos en radio y televisión. "Los hechos que se imputan ahora son diferentes", ha insistido, aunque ha reconocido que en su escrito de acusación provisional se ha hecho referencia a la anterior sentencia, en la que se aludía a que Batasuna efectivamente estaba "controlada por ETA".
Igualmente, ha rechazado que la sentencia que condenó a Joseba Cortázar en Francia por asociación de malhechores justifique el argumento de "cosa juzgada", ya que el tribunal galo no condenó su "pertenencia al entramado institucional de ETA en esas fechas".
EL PARLAMENTARIO EUROPEO
En respuesta a la defensa de Karmelo Landa, el abogado Kepa Landa ha argumentado que, para poder procesarle, habría que haber solicitado permiso al Parlamento Europeo, ya que los hechos que se le atribuyen habrían sido cometidos entre los años 1989 y 1994, cuando ocupaba un escaño en la Eurocámara. Este cargo, ha señalado, impide que se pueda actuar en su contra si no existe dicha autorización.
El fiscal, por su parte, se ha opuesto también a estas alegaciones y ha respondido que existen hechos posteriores a la legislatura en la que Landa fue europarlamentario que permitirían proceder en su contra, tales como reuniones con miembros de Batasuna y entrevistas a medios de comunicación en 2007. De hecho, ha sostenido que la "parte esencial" de la acusación se refiere a "hechos cometidos después de que fuera parlamentario".
NO PRESCRIBE PORQUE NO DEJARON LA ORGANIZACIÓN
Por lo que se refiere a la presunta prescripción aducida por las defensas de Josu Iraeta, Santiago Hernando y José Antonio Egido, el fiscal ha indicado que no se han dado ninguna de las tres condiciones que habrían permitido que este motivo prosperase: no abandonaron voluntariamente la organización ilegalizada, no fueron expulsados de ella y tampoco se apartaron de la misma por fuerza mayor, como hubiera sido el hecho de que hubieran ingresado en prisión y se hubieran visto así alejados de Batasuna.
Los abogados de esos procesados habían argumentado que los hechos que se les imputan en el procedimiento se remonto. Sin embargo, según González Mota existen hechos imputables que llegan hasta el 2007.
Por su parte, las acusaciones populares, ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ) se han adherido a las conclusiones del Ministerio Fiscal y han rechazado los recursos presentados por los 11 procesados.
Las otras 29 personas procesadas son --además de Otegi, Etxebarria y Permach-- José Federico Alvarez Forcada, Juan Cruz Aldasoro, Esther Aguirre, Miren Jasone Manterola, Kepa Gordejuela, María Isabel Mandiola, Segundo López de Aberasturi, Anton Morcillo, Santiago Quiroga, Jon Gorrochategi, José Luis Franco Suárez, Maite Amezaga, Joseba Garmendi, Juan Francisco Martínez Betanzos, Ignacio Lizaso, Jaione Intxaurraga, Rubén Andrés Granados, Enrique Alaña, Agustín Rodríguez, Patxi Bengoa, Idoia Arbelaiz, Izaskun Barbarias, Sabino del Bado, Vicente Enecotegi, Pedro Felix Morales San Sebastián y Andrés Larrea.
La investigación de esta causa comenzó tras la detención en abril de 2002 de 11 personas acusadas de desarrollar un plan de financiación ideado por ETA a través de los locales conocidos como 'herriko tabernas'. El juez Baltasar Garzón decretó el embargo de 75 de estos establecimientos y su administración judicial.
En su escrito de conclusiones provisionales, presentado el pasado mes de abril, el fiscal insiste en que desde 1978 y hasta que Batasuna fuera ilegalizada en marzo de 2003, su "simbiosis" con ETA fue "absoluta". Las diferentes estructuras del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MNVL), afirma, ejecutaron durante esos años y en distintos frentes "una actividad complementaria de apoyo, soporte y cobertura a las estrategias y fines de la organización terrorista, sin las que no hubiera sido posible la subsistencia de ésta".
El juez Garzón concluyó el sumario 35/02 el 1 de abril de 2008, tras seis años de investigación que buscaban desentrañar los medios de financiación de Batasuna. El magistrado justificó el procesamiento de todos los dirigentes de la formación en la tesis de que Batasuna no sólo forma parte de la organización terrorista ETA como brazo político, "sino como una estructura más del complejo político-violento diseñado para conseguir una finalidad concreta a través de la subversión y la alteración de la paz pública, la autodeterminación de la denominada 'Euskal Herria'".
