MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El fiscal Miguel Ángel Carballo ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Juan Del Olmo que reclame a Francia el arma incautada y el resto de pruebas de que dispone contra los presuntos miembros de ETA Asier Larrinaga y Garikoitz Etxeberria, que fueron los primeros que el país galo entregó a España en virtud de una Orden Europea de Detención (OED). Ello permitirá que puedan responder ante la Audiencia Nacional de todos los delitos que se les imputan con independencia del estado en los que los cometieron.
En su escrito, remitido ayer al Juzgado Central de Instrucción número 6, el fiscal reclama los documentos policiales y judiciales que generó la detención de los dos presuntos terroristas en territorio francés "y en general todo tipo de pruebas practicadas en relación con los mismos, en especial el arma y los documentos falsos a efectos de la elaboración de informe pericial".
Como cauce para obtener estos elementos, propone el envío de una comisión rogatoria o bien que el encargo se realice directamente al magistrado español de enlace en Francia.
FRANCIA YA HA DENUNCIADO.
El fiscal Carballo ha hecho entrega al juez de la denuncia original contra Etxeberria y Larrinaga que le ha hecho llegar el representante de la acusación pública francesa, Jean Claude Marín, en la que insta a que sean perseguidos por la Justicia española los hechos presuntamente cometidos por ambos en territorio francés. El país vecino ha denunciado a Etxeberria por tenencia ilícita de armas, falsificación de documentos e integración en banda armada, todos ellos de signo terrorista; y a Larrinaga de este último delito.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional también interesa del Juzgado que ordene la traducción de dicha denuncia, para poder incluirla entre los hechos de los que acusará a los dos presuntos terroristas en el juicio que se celebrará contra ellos en la Audiencia Nacional, informaron hoy fuentes fiscales.
Tanto Etxeberria como Larrinaga, entregados por Francia el pasado 16 de marzo, fueron conducidos dos semanas después al despacho del juez Juan Del Olmo, donde se negaron a responder a las preguntas que le realizaron tanto el magistrado como el fiscal en relación con el hallazgo el pasado mes de diciembre de un zulo de la organización terrorista en Amorebieta (Vizcaya).
Los dos jóvenes están acusados de formar parte del 'comando Vizcaya', compuesto también por otras dos personas. Huyeron después de que la Ertzaintza descubriera el 23 de diciembre, días antes del atentado de la T-4 del aeropuerto madrileño de Barajas, un zulo con explosivos en la localidad vizcaína de Amorebieta.
De hecho, las investigaciones policiales relacionaron en un principio a ambos miembros de ETA con el atentado, en el que resultaron muertos dos ciudadanos ecuatorianos, vinculación que no consta al menos de momento en la instrucción de esta causa, que tramita el juez Santiago Pedraz. Este magistrado no tiene previsto tomarles declaración de momento sobre este asunto.
Se trata de la primera vez que Francia actúa en beneficio de España en virtud de la denominada Orden Europea de Detención (OED), que entre otros mecanismos establece la cesión de jurisdicción.
La iniciativa la llevaba reclamando desde hacía tiempo el grupo hispanofrancés de lucha contra el terrorismo que reúne desde el 2000 a jueces franceses y españoles. A través de la denuncia oficial un país renuncia a juzgar a un imputado cuando éste tiene una causa pendiente en otro, en el que el delito que se le imputa es mayor.
En virtud de la cesión, Francia debe denunciar la posible comisión de hechos delictivos a las autoridades españolas, que asumen la jurisdicción sobre los mismos. Larrinaga y Etxeberria serán juzgados en España por los citados hechos y no será necesario devolverlos a Francia, tal y como con las entregas temporales.
