El fiscal solicita la imputación de los concejales Fraile y Lucas en Camas (Sevilla) por un presunto delito de cohecho

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado la imputación del concejal de Camas Enrique Fraile (PP) y del edil de Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas (PP), por un presunto delito de cohecho ante los indicios razonables de un intento de soborno a la ex edil Carmen Lobo para que emitiese su voto favorable a un acuerdo urbanístico, tal y como ya hiciera con los otros tres denunciados en el conocido como 'caso Camas', el alcalde de Camas Agustín Pavón (IU), el concejal camero José del Castillo y el empresario Eusebio Gaviño.

Ambos concejales estaban citados hoy a la audiencia preliminar del jurado, después de que no asistieran el pasado 29 de noviembre. No obstante, Lucas no se ha personado, ya que según explicó su letrado, Pedro Pérez-Montero, no había llegado a tiempo a Sevilla por encontrarse con problemas de tráfico al volver de Cáceres. Así, su abogado solicitó a la juez sustituta, Carmen Ruiz Mesa, que fuera su procurador quien representara al edil, petición que fue aceptada.

En la vista el fiscal ha solicitado la imputación en los mismos términos que con el resto de imputados, fijando como hechos que tras la situación de bloqueo que sufría el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Camas, al no contar con la mayoría de votos de los concejales, los imputados "decidieron hacer un ofrecimiento económico a Lobo para que cambiara el sentido de su voto, ya que con éste conseguirían la mayoría".

"Para hacer efectivos sus propósitos", prosigue el fiscal, "decidieron abordar a Lobo a través de Francisco Gordo --ex militante de IU-- que mantiene una gran influencia política en aquella". Así, después de varias reuniones, "Gaviño le manifiesta a Gordo que para desbloquear el Ayuntamiento necesita el voto de Lobo", por lo que "la noche antes del pleno --en el que se votaría varias cuestiones urbanísticas-- Gaviño entregó a Lobo un sobre con 12.000 euros y una nota con los puntos del pleno que debía apoyar a cambio de lo recibido".

El ministerio público explica que Lobo y Gordo "decidieron fingir un acuerdo con los imputados para comprobar hasta dónde estaban dispuestos a llegar", por lo que los 12.000 euros fueron entregados a la Policía Nacional y los hechos denunciados. Además, indica que "Lobo votó en contra de los puntos presentados a aprobación".

"PURA POLÍTICA"

Por su parte la defensa de ambos ediles ha solicitado el sobreseimiento de la causa al considerar que "no existen indicios razonables" de que sus representados hayan perpetrado el hecho denunciado y por tanto considera que la "acusación del Ministerio Fiscal y de las partes están en el aire, al no existir pruebas objetivas" y que "todo es un cuestión política pura y dura".

Pérez-Montero añadió que "no pueden ser válidas las testificales de unas personas que tienen intereses personales en promover una denuncia para imputar un delito de cohecho" y afirmó que "todas las denuncias y manifestaciones están hechas por enemistad" entre los imputados y los denunciantes --Lobo y Gordo--. El letrado también mantuvo que en las reuniones en las que participaron los concejales tenían como objetivo "desbloquear la situación del Ayuntamiento y aprobar los presupuestos, pero lícitamente".

El abogado de Lucas y Fraile solicitó también nuevas diligencias como un careo entre la ex edil camera Inmaculada Larrinaga y el ex alcalde de Camas y actual delegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Rivas, para aclarar la posible implicación de éste, ya que según Larrinaga Rivas dirigió la "trama-trampa" contra los imputados para recuperar la Alcaldía.

Asimismo, también pidió la valoración de la autenticidad de las grabaciones efectuadas por Lobo y Gordo de las conversaciones telefónicas mantenidas con los imputados.

Por su parte la acusación popular, ejercida por el PSOE, también han pedido la imputación de Lucas y Fraile y que continúe el procedimiento al considerar que "existen indicios razonables de un presunto delito de cohecho". En este sentido, el letrado del PSOE, Alfonso Martínez del Hoyo, insistió en la necesidad de que declare como imputado el empresario Manuel Macías, ya que su testimonio no coincide con el de Gaviño, quien aseguró que era Macías quien le entregó el dinero, "es una cuestión que hay que aclarar".

En cuanto al escrito de recusación al juez titular del Juzgado de Instrucción número 2, Carlos Mahón, presentado por el abogado de Pavón, Lorenzo Rodríguez, y que le ha apartado momentáneamente del caso, aún no ha sido trasladado a la Audiencia Provincial, que es el órgano judicial competente para decidir, ya que, según del Hoyo, aún tienen que presentar sus escritos al respecto las partes. Así, continúa haciéndose cargo del caso la juez de Vigilancia Penitenciara, sustituta de dicho Juzgado.