MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El fiscal del Tribunal Supremo Luis López Sanz-Aranguren, defendió hoy un régimen de incompatibilidades para los cargos públicos que sea "severo y exigente" y que se exija en el periodo anterior al puesto y también en el posterior, como una de las herramientas contra la corrupción.
El especialista participó hoy en la jornada organizada por el Senado 'La corrupción: un desafío mundial'. En su intervención, aseguró que el problema no es exclusivo de España, sino global, y que requiere por ello "soluciones globales", aseguró que algunos logros se han conseguido pero que las formas de corrupción "evolucionan" y exigen siempre respuestas nuevas.
Luis López censuró que el problema se utiliza como "arma política" y que, por ello, "proliferan curiosamente" las denuncias en épocas previas a las elecciones como la actual, cuando sin embargo los casos que se están planteando "son de hace mucho tiempo". A su juicio, es un "reto" que los partidos políticos abandonen esta estrategia. "La lucha contra la corrupción debe ser asumida de manera unitaria", exigió el fiscal.
También señaló como herramienta contra estos delitos la reglamentación de un comportamiento ético, que debe ser exigible a los funcionarios y a los cargos públicos, pero que a su juicio debe afectar también a las empresas. Y que se refuercen los controles de la Administración, como los que ejercen el Banco de España o la Agencia Tributaria, citó, "que pueden ser muy eficaces".
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
Además, el fiscal del Supremo defendió una "legislación adecuada", no sólo en materia urbanística, ya que este terreno, a su juicio, es un "reflejo" de la situación, "no es el problema más importante ni la causa" de la corrupción. También debe adecuarse la legislación tributaria, del sistema bancario o de los registros públicos. El papel de estos últimos, dijo el especialista, es "esencial" en la prevención del blanqueo de capitales, prevención que en su opinión es fundamental en la lucha eficaz contra la corrupción.
En este capítulo legislativo, Luis López defendió la reforma del Código Penal presentada la semana pasada por el Gobierno tras el Consejo de Ministros, por lo que puede ayudar a "comprender y regular" conductas delictivas que no estaban recogidas hasta ahora en el capítulo de la corrupción. Exigió a continuación que se sea "valiente de una vez" y se reforme también la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "Necesita un cambio, hay que modificar los procedimientos de enjuiciamiento y de investigación", aseguró.
Y tras los cambios legislativos, el especialista aseguró que es igualmente una necesidad "el respeto escrupuloso de la normativa estatal", por ejemplo, de la ley del suelo. "No vale burlar la ley con una ley inferior", rechazó.
Por último, el fiscal del Tribunal Supremo apostó por sanciones "más severas" y que se fomente también la sanción penal. "No es la panacea, pero no lo podemos olvidar. Tampoco hay que acudir a la primera al juzgado, hay mecanismos previos, pero cuando se acude a la vía penal hay que hacerlo con todas las consecuencias y tiene que haber leyes adecuadas", expuso.
MEDIDAS DESDE A FEMP
El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, Gabriel Álvarez, intervino tras la ponencia del fiscal para resumir la situación en los ayuntamientos y hacer propuestas.
La medida más efectiva, a su juicio, sería introducir más transparencia en los procesos urbanísticos, desde el principio. Aseguró que no se trata de dar publicidad a la información, sino de que los cargos públicos que van a decidir sobre los convenios de urbanismo tengan todos los datos desde el arranque del proceso. A su juicio, sería una medida "revolucionaria". "Los electos sabrían exactamente lo que están votando, cómo se van a repartir las plusvalías", expuso.
También apostó por "reforzar el poder institucional y financiero" de los ayuntamientos, por dar más responsabilidad a los cargos públicos y por potenciar los registros de intereses y los controles tanto internos como externos.
