MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El fiscal del Tribunal Supremo ha pedido este miércoles que se revise la absolución de abril de 2015 de los exalcaldes socialistas de Ciempozuelos Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro por un delito relacionado con la falsificación de un contrato con el que ocultaron en una cuenta bancaria fuera de España el dinero supuestamente cobrado de forma ilícita tras recalificar unos terrenos en este municipio madrileño.
La Sala de lo Penal ha revisado la sentencia absolutoria de los dos exalcaldes y otras trece personas juzgadas por la Audiencia Provincial en el marco del 'caso Ciempozuelos'.
El procedimiento se remonta a una denuncia de Manos Limpias presentada en 2006 en la que aseguraba que los dirigentes socialistas habían cobrado una comisión de 40 millones de euros por parte de la inmobiliaria Esprode y que, posteriormente, habían recurrido a una cuenta en Andorra para ocultar este dinero.
El fiscal ha pedido que se revise la absolución únicamente de Torrejón y Tejeiro al considerar que la sentencia reconoció que, con la participación de Francisco Alonso Méndez, falsificaron la firma de un contrato. "Fue pura invención", ha sostenido sobre ese contrato por el que habrían podido ocultar a la Hacienda la comisión cobrada tras convertir un terreno calificado como suelo rústico en urbanizable.
La acusación ejercida por el Partido Popular ha ido más allá y ha defendido que los hechos juzgados son constitutivos de los delitos de blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas para funcionarios, prevaricación, tráfico de influencias, contra la Hacienda pública y estafa.
En el juicio, los exregidores mantuvieron que su implicación en el caso respondió a "una maniobra política" del PP para ganar las elecciones de 2007 y que en todo momento hubo "intereses políticos partidistas". La sentencia, según esta acusación, causó "sorpresa y preocupación por no guardar relación el fallo con los hechos probados".
En su relato, el fiscal señalaba que ambos dirigentes viajaron en febrero de 2006 a Andorra con "la intención de ocultar una parte del dinero que en los últimos años habían estado recibiendo de particulares en consideración a los cargos públicos que ocupaba, en el caso de Torrejón, y había ocupado, en el caso de Tejeiro".
En marzo de 2006 los gestores del banco andorrano requirieron a Torrejón y Tejeiro "para que justificasen el origen de los fondos depositados en tal entidad". Según el fiscal, "con el fin de engañar al citado banco y evitar el cierre de las cuentas abiertas", los acusados elaboraron un documento fechado el 18 de abril de 2005 "por el que aparentemente justificaban que iban a recibir hasta un total aproximado de 40 millones de euros".
