Fiscales del TS piden a García Ortiz que oiga al fiscal que defendió la no prescripción del 'caso Miguel Ángel Blanco'

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los fiscales del Tribunal Supremo (TS) Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal han solicitado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que recabe la opinión del fiscal de la Audiencia Nacional (AN) Vicente González Mota, por ser el único miembro del Ministerio Público que defendió que el 'caso Miguel Ángel Blanco' no había prescrito, antes de someter el asunto a debate en la Junta de Fiscales de Sala para fijar criterio.

En un escrito del pasado miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, Zaragoza y Madrigal se dirigen al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) al observar que en el orden del día de la Junta de Fiscales de Sala prevista para este viernes, 25 de noviembre, se anuncia una "consulta particular del fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional", Jesús Alonso.

Los fiscales de Sala del TS entienden que es "altamente probable que la consulta en cuestión tenga relación con las discrepancias jurídicas surgidas entre el fiscal jefe de ese órgano judicial y el fiscal encargado del asunto sobre la aplicación de la prescripción en el sumario que se instruye por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco".

A su juicio, "resulta absolutamente imprescindible para el adecuado conocimiento y resolución de la consulta la aportación de los oficios y comunicaciones escritas en los que se plasmó la discrepancia".

"Y que se solicite igualmente informe sobre esta cuestión al fiscal que estaba encargado del despacho del asunto en el mes de julio, para su incorporación a la documentación objeto de examen, y así poder disponer de los elementos de juicio necesarios", añaden.

Zaragoza y Madrigal recuerdan que las consultas que los responsables de las distintas fiscalías remiten al FGE "requieren que se expliquen de manera clara y precisa los términos del conflicto jurídico a resolver, incluyendo un resumen de los hechos a los que afecta, las posibles opiniones o interpretaciones jurídicas discrepantes, y la propuesta de solución que se considera más adecuada para la resolución del conflicto planteado".

Sin embargo, manifiestan que "en el presente caso no se identifica ni el motivo ni el contenido de la consulta, ni tampoco se proporciona una información suficiente sobre los datos y circunstancias que es necesario conocer para emitir una opinión fundada".

"También se nos ha dado traslado de unos archivos que contienen una ingente cantidad de documentación judicial cuya concreta relación con el objetivo específico que se persigue al promover esta consulta particular tampoco ha sido convenientemente explicada", añaden.

EL DEBATE DE LA PRESCRIPCIÓN

Durante su primera intervención en el Congreso de los Diputados, el pasado 28 de julio, García Ortiz se comprometió a someter el debate sobre la prescripción en el 'caso Miguel Ángel Blanco' a la primera Junta de Fiscales de Sala, si bien no fue posible porque aún faltaba recabar una serie de documentación que debía enviar Francia. En la prevista para mañana, finalmente tampoco figura en el orden del día.

El origen del conflicto jurídico son las diferencias de criterio entre González Mota y el resto de sus colegas de la AN. Según explicaron fuentes jurídicas a Europa Press, el criterio tradicional de la Fiscalía de la AN ha sido el de considerar interrumpida la prescripción con la imputación formal, si bien el entonces fiscal del caso planteó la posibilidad de marcar el punto de inflexión en el momento de la detención.

La primera tesis impediría continuar las pesquisas contra tres de los cuatro ex jefes de ETA investigados --Miguel Albisu, alias 'Mikel Antza'; María Soledad Iparraguirre, 'Anboto'; e Ignacio Miguel Gracia, 'Iñaki de Rentería'-- porque formalmente fueron imputados el pasado 8 de julio, lo que supera con mucho el plazo de prescripción de 20 años que se aplica al 'caso Miguel Ángel Blanco', que fue secuestrado y asesinado por ETA en 1997.

La vía señalada por González Mota, en cambio, permitiría adelantar el momento en el que se habría interrumpido la prescripción, abriendo así la posibilidad de investigar a la ex cúpula etarra por este crimen. Pero su teoría no obtuvo el apoyo del resto de fiscales de la AN, razón por la cual pidió ser relevado del caso, según pudo saber Europa Press.

Por su parte, la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia (DyJ), que presentó la querella con la que Manuel García Castellón reabrió el caso en marzo, ha confeccionado la 'doctrina Miguel Ángel Blanco' para aplicar la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad consagrada por el Consejo de Europa en un convenio de 1974 a los crímenes cometidos por ETA y por otros grupos terroristas a partir del 24 de diciembre de 1990: un total de 430.

Así las cosas, las fuentes jurídicas subrayan que el único caso claro parece ser el del también ex jefe de ETA José Javier Arizcuren, 'Kantauri', porque el entonces juez de la AN Eloy Velasco ya reabrió en 2016 el sumario del 'caso Miguel Ángel Blanco' para imputarle como inductor del crimen. No obstante, García Castellón aún está pendiente de que Francia autorice investigarlo por estos hechos.

DECISIÓN PENDIENTE SOBRE 'DE RENTERÍA'

La complejidad jurídica de este asunto ha quedado patente con el caso de 'Iñaki de Rentería'. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 apreció de oficio la prescripción de los hechos para él en su resolución del 8 de julio, pero --ante los recursos planteados por la Fiscalía, PP y DyJ-- corrigió su decisión inicial el pasado 10 de noviembre.

El juez instructor explicaba en esa última resolución que, aunque cree que "el delito no se encuentra prescrito", también entiende que aún no es el momento procesal para determinarlo, apuntando incluso al juicio oral, lo que supuso acoger el razonamiento plasmado por González Mota en su recurso de reforma.

Sin embargo, 'Iñaki de Rentería' ha recurrido la decisión de reabrir también la investigación judicial para él, alegando que García Castellón tomó una decisión "contraria a derecho" en tanto que los hechos estarían prescritos.

Cabe recordar que la AN investiga ahora a la cúpula etarra de la época por su presunta implicación en el secuestro y asesinato del joven concejal del PP en Ermua. La sede judicial ya condenó en 2006 a 50 años de cárcel Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', y a Irantzu Gallastegui Sodupe, 'Amaia', como autores materiales.