La Fiscalía abre diligencias para investigar si hubo malversación de fondos en las encuestas ocultas de CiU

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, ha abierto diligencias para investigar si hubo o no malversación de fondos por parte de los Gobiernos de CiU cuando realizó las encuestas halladas recientemente en dependencias de la Generalitat, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Fiscalía.

La Fiscalía considera que los citados sondeos podrían ser susceptibles de considerarse delito si se demuestra que se destinaron fondos públicos "a usos ajenos a la función pública" como sondeos de interés partidista, en virtud del artículo 433 del Código Penal, según publica hoy 'El País'.

Este artículo prevé para estos casos entre seis y doce meses de multa y suspensión de empleo o cargo público por un tiempo de entre seis meses y tres años.

Después de que, la semana pasada, el portavoz parlamentario de ICV-EA, Joan Boada, llevase a la Fiscalía 11 de los 33 primeros sondeos de Gobiernos de CiU hallados en la Conselleria de Presidencia --más tarde se hallaron otro centenar--, se abrió una investigación judicial por la que el fiscal ha solicitado ya al Gobierno tripartito diversa documentación al respecto.

Se trata de encuestas de opinión realizadas entre 1998 y 2003 y que sondean a los ciudadanos sobre temas como la alianza CiU-PP en la época del Gobierno de Aznar, la imagen de la familia Pujol en los medios de comunicación o la intención de voto. Entre el segundo paquete de encuestas encontradas hay también alguna que interroga a los catalanes sobre su intención de voto si CDC y UDC se presentaran a unas elecciones por separado.

Además del contenido de las encuestas, Boada denunció también el incumplimiento de algunas de ellas del decreto que en 1998 estableció la obligación para el Gobierno de la Generalitat de presentar al Parlament todos los sondeos de opinión que realizara.

Aunque los acusados podrían alegar que los delitos han prescrito, al haber transcurrido más de tres años, fuentes de la Fiscalía explicaron a 'El País' que, una vez abierto el proceso judicial, las personas querelladas dispondrían de 10 días para ingresar en las arcas públicas el dinero supuestamente malversado y si no lo hicieran en ese tiempo la prescripción de los hechos no se produciría hasta 10 años después de su realización.