MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias de investigación que abrió el pasado verano por el presunto uso por parte de integrantes de la ilegalizada Batasuna de despachos en los ayuntamientos de Cuartango (Álava) y (Guipúzcoa). El portavoz de la Fiscalía, Vicente González-Mota, explicó hoy que el archivo responde a que no han podido acreditarse estos hechos.
A mediados del pasado mes de agosto, la alcaldesa de Ibarra, Consuelo Romeo, prestó declaración como testigo ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y reconoció que Batasuna no utiliza despachos municipales del ayuntamiento de esta localidad. Sostuvo que las afirmaciones que realizó anteriormente para el diario "La Gaceta de los Negocios", que denunció los hechos, fueron malinterpretadas por el periodista que la entrevistó.
Durante dicha comparecencia, la alcaldesa reconoció la existencia de una sala en el Ayuntamiento con una placa con las siglas "HB" en la puerta, aunque aseguró que en ella no se reúnen miembros de Batasuna, sino que es utilizada por organizaciones sociales y culturales del municipio guipuzcoano. Romeo explicó que la placa fue colocada en 1993 y que, cuando supo que aún no había sido retirada, ordenó inmediatamente que se quitase.
El pasado 2 de agosto comparecieron también ante la Fiscalía los concejales del PP Javier Igaruta y Ana Salazar, de las localidades de Ibarra y Cuartango, respectivamente. Según ésta última, un ex concejal de la ilegalizada Batasuna continúa asistiendo a los Plenos de Cuartango, sentándose en el lugar reservado para los ediles y teniendo participación activa.
Este integrante de la formación ilegalizada, según Salazar, está informado del orden del día de la sesión, presenta mociones que se discuten por la Corporación e interviene en ruegos y preguntas.
No obstante, tanto Igartua como Salazar Cuartango respectivamente, negaron en sus comparecencias en la Fiscalía que tuviesen constancia de que integrantes de Batasuna utilicen dependencias municipales. Además, los secretarios de ambos Consistorios negaron la existencia en los despachos de la formación ilegalizada.
La actividad de Batasuna se encuentra suspendida desde el pasado 17 de enero por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska. En la causa se investiga la subordinación de Batasuna a ETA y su financiación a través de la red de herriko-tabernas controladas por la formación ilegalizada.
